Tomado de criterio.hn
El Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) de Honduras desacató una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que le ordena entregar información vital sobre la situación financiera del sistema, exponiéndose a sanciones que podrían alcanzar multas de hasta 370.000 lempiras.
La resistencia de la junta directiva del IPP, presidida por Eduin Natividad Romero, a suministrar información sobre las operaciones del ente aumenta la preocupación de los afiliados sobre el manejo de las finanzas y la viabilidad del sistema para garantizar una jubilación a los periodistas.
El IPP se niega a entregar la información a pesar de que el jueves los comisionados del IAIP se reunieron en la sede del instituto en Tegucigalpa con directivos actuales y varios de sus ex presidentes para comunicarles que están obligados a transparentar sus operaciones porque son sujetos de la Ley de Acceso a Información Pública, porque reciben aportaciones del Estado.
“El IPP desacató la resolución del IAIP que les urge a que entreguen la información solicitada en cumplimiento de la ley. No enviaron la información”, dijo una fuente del IAIP.
El IPP debía entregar el viernes la información solicitada por el periodista Gustavo Palencia, entre ella los dos últimos estudios actuariales del sistema –imprescindibles para conocer la situación financiera y la capacidad para sufragar las pensiones de los comunicadores– pero el lunes aún no la suministraban.
La presidenta del IAIP, abogada Doris Imelda Madrid, explicó a los directivos y ex directivos del IPP, las razones legales por las cuales son sujetos obligados de la Ley de Acceso a la Información Pública y el esquema de sanciones que se les puede aplicar a las instituciones que desacatan las resoluciones para entregar información.
En la cita los funcionarios del IAIP advirtieron de sanciones administrativas y pecuniarias si se niegan a entregar la información, desde medio salario mínimo — 3.700 lempiras — a 370.000 lempiras.
Los periodistas directivos se amparaban para negarse a dar información y someterse a la auditoría de la CNBS en reformas a la ley del IPP, que eximían al ente de la fiscalización de sus operaciones administrativas y financieras por parte de los órganos públicos especializados.
El IPP ha sido hasta ahora el único ente de pensiones que no es auditado por la CNBS, entre instituciones de previsión social, bancos, financieras y aseguradoras.
Sin embargo, la CNBS debido a una disposición de la nueva Ley de Protección Social, fue autorizada para supervisar las finanzas del IPP porque el ente recibe aportaciones del Estado, que sumaron entre 1987 y 2013, la cantidad de 53.2 millones de lempiras.
NO HAY PROBLEMA Y RENUNCIA
El presidente del IPP en el conservatorio el jueves con los Comisionados del IAIP, aunque con el rostro desencajado, aseguró que “no tenemos problema en dar información”, sin embargo después desacató la orden de entregar las copias de los documentos solicitados hace más de cinco meses.
Romero que aún se resiste a entregar la información, aseguró que “hay información de carácter estratégico”, que se ha negado a suministrar, entre los que situó los estudios actuariales.
El directivo del IPP no explicó porqué es “estratégico” y no se puede compartir con los afiliados, que son los más interesados en que el sistema sea financieramente sólido
Los directivos del IPP en su desesperada evasión de la auditoría externa, desde el año 2014 desistieron ilegalmente de requerir al Estado las aportaciones establecidas en la ley del ente, tratando de huir a la fiscalización por parte de la CNBS.
Los directivos del IPP fracasaron en su pretensión, pero causaron un fuerte daño a las finanzas del ente de previsión pues el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández cumpliendo la ley ha asignado fondos en los presupuestos nacionales de 2014 y 2015.
Los directivos del IPP, como parte de su pretensión de evadir la fiscalización de la CNBS, trataron también de fraccionar el sistema y embaucaron a un grupo de periodistas afiliados para que firmaran un contrato en el que su jubilación sería soportada únicamente por sus aportaciones personales.
USARON A JUAN HERNANDEZ
Pero la ley y el sistema de pensiones del IPP, prevé que la jubilación será soportada por las utilidades por inversiones que generaron entre 1987 y 2013, 124.3 millones de lempiras, las patronales que sumaron 56.6 millones, las estatales 53.2 millones y las aportaciones personales 26.8 millones.
Los directivos hicieron firmar a estos afiliados que abordaron de manera privada y selectiva un contrato en el que prácticamente renuncian al esquema establecido en la ley del IPP, al acogerse a lo suscrito con la Administradora de Pensiones Atlántida.
“El afiliado acepta y declara que los términos estipulados en este Contrato sustituyen en lo que conciernen a los establecidos en el Sistema de Pensiones Solidarios en Decreto No. 190/85,
Reglamentos, Resoluciones y Disposiciones de la Junta Directiva del Periodista”, dice el artículo 5 del contrato.
Los directivos del IPP, encabezados por Romero y el gerente Omar Calderón, para persuadir a los afiliados a que firmaran el contrato argumentaron que el gobierno del presidente Juan Hernández pretendía tomarse los fondos del ente y que estarían más seguros en la AFP del Banco Atlántida.
“A mi me dijeron que el gobierno del presidente Juan Orlando (Hernández) se quiere tomar estos y que es más seguro tenerlos en una administradora de fondos privados”, dijo un periodista de la televisión en Tegucigalpa que firmó el contrato.