Un reciente informe del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), compuesto por 150 organizaciones de la sociedad civil, ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de reformas estructurales en Honduras para avanzar en la lucha contra la corrupción. El informe, presentado hoy en un evento respaldado por el Programa de USAID para la Gobernanza Democrática, destaca el estancamiento en los esfuerzos por mejorar la gobernabilidad democrática en el país, e insta a priorizar la implementación de medidas eficaces para promover la transparencia, la justicia y la inclusión social.
Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), presentó los resultados del informe, el cual evalúa el cumplimiento de los compromisos establecidos en las Cumbres Presidenciales de Lima (2018) y Los Ángeles (2022). Según el informe, Honduras presenta un alarmante promedio de cumplimiento de solo 1 en el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, lo que pone de manifiesto la falta de avances sustanciales en el combate contra la corrupción.
A pesar de los esfuerzos del gobierno, como la creación de portales de transparencia y mecanismos de control, el informe señala que la falta de recursos y la escasa capacidad sancionatoria de las instituciones encargadas de supervisar la transparencia han limitado la efectividad de la implementación de la ley. En este contexto, el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional refleja una calificación de 23 puntos sobre 100, lo que ubica a Honduras en la posición 154 de 180 países evaluados. Esta puntuación, que ha permanecido constante durante tres años consecutivos, refleja una grave crisis de corrupción que requiere una acción inmediata.
El informe también subraya la necesidad de garantizar la autonomía e independencia del Poder Judicial y el Ministerio Público, y plantea que se deben implementar reformas legales que fortalezcan la independencia judicial, aseguren la transparencia en el financiamiento político y la gestión pública, e incrementen la participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones. Asimismo, se hace hincapié en la necesidad de mejorar los canales de supervisión en los procesos judiciales, enfocándose en los delitos prioritarios y optimizando los servicios de atención a víctimas.
En cuanto a la desigualdad de género, el informe revela que, a pesar de los avances en la reducción de la brecha de género en la última década, Honduras sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina. Ocupa el puesto 107 de 170 países en el Índice de Desigualdad de Género de 2021. El informe hace un llamado a garantizar asignaciones presupuestarias suficientes y recursos especializados para implementar el Tercer Plan de Igualdad de Género en el país, además de extender campañas educativas que promuevan el respeto a los derechos de los grupos vulnerables.
A nivel regional, el OCC hace un fuerte llamado a las autoridades y a la sociedad civil para trabajar de manera conjunta en la implementación de estas recomendaciones. Esta iniciativa busca fortalecer la gobernabilidad democrática en Honduras y la lucha contra la corrupción, promoviendo un modelo de gobernanza más efectivo y transparente.
El OCC, una red regional que agrupa a más de 150 organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, ha documentado y analizado avances y desafíos en la lucha contra la corrupción a nivel regional. En Honduras, el OCC está compuesto por organizaciones como ASJ, Mujeres por Honduras, Red por la Defensa de la Democracia (RDD), y el Foro Nacional de Convergencia (FONAC), entre otras, con el apoyo de la Oficina de Asuntos Hemisféricos Occidentales del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Este informe refuerza el llamado a la acción para que el gobierno hondureño impulse reformas estructurales esenciales para romper con el ciclo de corrupción y avanzar hacia un futuro más justo, transparente e inclusivo para todos los hondureños.