Un informe base elaborado por Transparencia Internacional (TI) y la Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ) sobre los procesos de compras y contrataciones en la Secretaría de Seguridad, revela que el presidente Juan Hernández autorizó una compra directa de 13 camionetas de lujo, cuyo proceso violentó la Ley de Contratación del Estado.
La investigación denotó irregularidades y un alto nivel de incumplimiento de las normas vigentes aplicables, así como mucha debilidad en la documentación soporte de los procesos de compras que representan una inversión de 24 millones 500 mil lempiras para la adquisición de las camionetas blindadas.
El informe establece que las compras se autorizaron mediante los acuerdos Ejecutivos No. 003-2014 y No.009-2014, el 30 de enero del 2014 y el 5 de febrero del 2014 respectivamente, cuando el estado de emergencia en seguridad, que se argumentó para hacer la compra directa, ya no se encontraba vigente, lo cual es contrario a los procedimientos establecidos.
“La adquisición se efectuó a favor de la empresa Latin American Armor Company, S. A., (LAACSA), sin hacer un previo estudio de precios de mercado, a través del cual se pudiese determinar si los valores ofertados por las empresas y el precio pagado es competitivo. Se pudo constatar que el precio ofertado por esta empresa no era precisamente el más bajo, ya que se encontró que quien ofreció el menor precio fue la empresa Blindajes de Centroamérica”, señaló el informe.
Otra irregularidad que se descubrió es que el gobierno tampoco suscribió contrato de compra con la firma adjudicataria.
El informe de TI/ASJ, también refiere que pese a que las trece camionetas adquiridas se compraron a través del presupuesto de la Secretaría de Seguridad, únicamente cuatro se encuentran al servicio de la esta secretaría y las nueve restantes están poder de otras instituciones que tienen su propio presupuesto.
“Llama la atención que el Acuerdo 09-2014, a través del cual se autoriza la compra, establece que los vehículos serán propiedad de la Presidencia de la República /Casa Presidencial, pero la compra está amparada en el Estado de Emergencia de la Secretaría de Seguridad y no de la Presidencia de la República”.
Asimismo se proporcionaron únicamente los recibos de bienes en uso (recibos de entrega al destinatario final) de 7 vehículos y un acta de entrega en calidad de préstamo de 1 vehículo.
Se constató que 7 recibos de bienes en uso están suscritos por los choferes y/o edecanes de los funcionarios públicos, quienes asumen todas las responsabilidades.
En el informe TI/ASJ refieren que no se les proporcionó los recibos de 5 vehículos, por lo que se desconoce de igual forma quienes son los responsable de éstos.
El segundo documento establece varios hallazgos en la Secretaría de Educación, entre los que destacan, irregularidades en la compra y distribución de textos y computadoras.
Señala además anomalías en la selección del personal docente por parte del Ministerio de Educación que dirige Marlon Escoto.
Pese a que en el marco del proceso se han identificado una serie de faltas, irregularidades e incumplimientos por parte de las unidades contratantes en ambas entidades, no se obtuvo evidencia que se hayan iniciado investigaciones, y mucho menos aplicado sanciones por infracción a la Ley de Contratación del Estado y demás normas aplicables en materia de control interno.
El informe TI/ASJ se efectuó en el marco del convenio suscrito con el gobierno de Honduras, como parte del monitoreo y evaluación semestral del Plan de Mejoras y del cumplimiento de la norma y buenas prácticas.
Aquí ambos informes: http://asjhonduras.com/ti-asj/resultados/