La Supervisora General de Tribunales de Justicia, Sandra Rodríguez, presentó un detallado informe a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la intervención realizada en el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, que fue ordenada el pasado 18 de agosto de 2024.
En su informe, Rodríguez destacó que se revisaron un total de 1,068 expedientes, de los cuales 701 corresponden a requerimientos fiscales y 103 a diligencias previas. A raíz de esta revisión, la supervisión general determinó abrir investigaciones en 12 casos debido a diversas irregularidades, entre ellas el otorgamiento de medidas cautelares contrarias a la reforma procesal, específicamente en lo relacionado con la prisión preventiva.
«De las 12 causas, al menos 12 funcionarios judiciales podrían estar involucrados en acciones u omisiones», detalló Rodríguez. Además, mencionó que se identificaron 17 puntos críticos que fueron elevados a la magistrada presidenta de la CSJ, Rebeca Raquel Obando, acompañados de 19 recomendaciones para mejorar el manejo de los casos y evitar futuras situaciones irregulares.
Una de las principales preocupaciones señaladas en el informe fue la concesión de garantías hipotecarias que no fueron inscritas a favor del Estado de Honduras, lo que representa una grave irregularidad en el proceso judicial. También se encontraron casos de retrasos injustificados en la remisión de recursos a la Corte de Apelaciones, así como señalamientos tardíos de audiencias preliminares, lo que provocó el vencimiento de prisión preventiva en algunos casos, poniendo en riesgo la permanencia de los imputados en prisión.
Rodríguez también informó sobre el nombramiento de un nuevo coordinador del circuito anticorrupción, quien ya ha comenzado sus funciones. Además, recomendó la rotación del personal y la redistribución de las cargas de trabajo en los cinco despachos que operan en esa sede judicial, con el fin de mejorar la eficiencia y transparencia en el manejo de los casos.
Este informe subraya la necesidad urgente de revisar y fortalecer los procesos judiciales en el país, para garantizar la justicia y evitar la impunidad.