«La corrupción es un problema estructural en Honduras que vulnera los derechos humanos», señaló HRW en su informe «Honduras: La lucha contra la corrupción requiere medidas urgentes».
La desviación de recursos públicos a través de la corrupción y la mala administración implica «una violación de la obligación de lograr progresivamente los derechos económicos, sociales y culturales, ya que reduce los recursos disponibles que un Estado tiene para invertir en servicios básicos», añadió.
Por un lado, el documento destaca la urgencia de establecer en Honduras una comisión internacional contra la corrupción, derogar o modificar leyes que «obstaculizan» la lucha contra ese flagelo y reforzar la independencia del poder Judicial.
Honduras y la ONU sellaron en 2022 un memorando de entendimiento para iniciar el proceso de establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih), una de las promesas de campaña de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, lo que HRW ve como «una oportunidad única de aprender de experiencias pasadas y avanzar en reformas estructurales».
La promesa de Castro de combatir la corrupción, «en una región donde aquellos en el poder están cada vez más implicados en ella, fue un paso positivo”, sostuvo en un comunicado la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.