El Estado de Honduras reconoció este martes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) su responsabilidad por al destitución arbitraria e ilegal de 4 magistrados de la Sala Constitucional en el 2012, luego que de emitieran resoluciones contrarias a los planes del entonces presidente del país, Porfirio Lobo.
La secretaria general de la Procuraduría de Honduras, Laura Flores, dijo en una audiencia ante la CorteIDH que el 27 de enero de 2022, en el discurso de toma de posesión, la presidenta del país, Xiomara Castro, reconoció que «a lo largo de los años Honduras ha sido un Estado opresor y violador de los derechos humanos y que destituyó abruptamente a cuatro magistrados».
El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado hondureño por la destitución de José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira de sus cargos como magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego de que declararan como inconstitucionales proyectos del Gobierno de Porfirio Lobo
Flores expresó que el Estado reconoce que los magistrados fueron «removidos de manera arbitraria e ilegal de sus cargos por el Poder Legislativo» y que se compromete a reparar a las víctimas y a que hechos similares no se repitan.