Tomado de proceso.com.mx
MÉXICO, D.F., (apro).- Para eludir los cuestionamientos sobre la corrupción en las instituciones públicas y la falta de independencia del sistema judicial, a los que tenía que responder ayer en dos audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno de Honduras tomó una decisión inédita: no envió a ningún representante.
“Nunca antes, ni siquiera en la época del golpe de Estado ocurrido en 2009 (contra el expresidente Manuel Zelaya), las autoridades habían desatendido un llamado de la CIDH”, denunciaron hoy organizaciones defensoras de derechos humanos.
El pequeño país centroamericano no fue el único en evitar la confrontación con las organizaciones de la sociedad civil en la sesión de audiencias de la CIDH, ya que Argentina también se abstuvo de enviar representantes y el gobierno ecuatoriano no participó en una de sus tres citas.
Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, declaró hoy a la agencia española EFE que la decisión de estos gobiernos refleja “una expresión de voluntad en el sentido contrario de asumir los compromisos internacionales” e indicó que se comunicó con el embajador y el Canciller hondureño para informarles de la importancia que el gobierno de Honduras acudiera a estas reuniones.
El jueves pasado cuatro organizaciones hondureñas expusieron ante la CIDH algunos de los recientes casos de desfalcos millonarios en las instituciones del pequeño país centroamericano, en el que 42.6% de la población vive en condiciones de pobreza extrema y dónde la corrupción cuesta entre 500 y 600 millones de dólares al año, aproximadamente el 2.5% del PIB, según los datos del Banco Mundial.
Entre otros, recordaron el saqueo de 350 millones de dólares en el Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) a través de decenas de contratos otorgados entre 2010 y 2014 a una red de empresas fantasmas.
El fraude millonario, que cobró una enorme relevancia en Honduras –ya que el presidente Juan Orlando Hernández admitió que su campaña presidencial recibió fondos de estas empresas fantasmas–, redujo en un 25% la atención en los centros de salud y los hospitales públicos. Las organizaciones subrayaron que hasta la fecha, las autoridades procesaron a solamente siete personas.
Un informe que dio a conocer en junio pasado la comisión legislativa hondureña encargada de documentar los casos de corrupción, concluyó que “en el presente juicio hubo una actuación diligente por parte del Ministerio Público en impulsar todas las acciones legales contra las personas que tuvieron alguna participación en los hechos imputados”.
Las organizaciones también documentaron el supuesto desvío de 6.5 millones de dólares de los programas de desarrollo rural que opera la Secretaría de Agricultura y Ganadería, o la malversación por cerca de 16 millones de dólares que afectó al Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo.
Y subrayaron que, pese al aparente combate a la corrupción que anunció el gobierno, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público se encuentra ahogada bajo tres mil 324 casos pendientes de resolver.
Acorralado por las protestas ciudadanas que salieron a raíz del descubrimiento del desfalco al IHSS y sus ramificaciones políticas, el pasado 28 de septiembre Hernández acordó con la Organización de los Estados Americanos (OEA) la instalación de una Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Si bien la propuesta tomó supuestamente como modelo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –que opera bajo mandato de la ONU y llevó al encarcelamiento del expresidente en función Otto Pérez Molina–, varias organizaciones, entre ellas la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), denunciaron que esta misión carecerá del alcance necesario para combatir la corrupción de manera eficaz.
Entre otros, lamentaron que esta misión –a diferencia de la CICIG–, no contara con la autonomía para iniciar investigaciones en casos emblemáticos y para coadyuvar al Ministerio Público en la persecución penal.
Hoy la OEA anunció que la misión viajará al país centroamericano en la segunda semana de noviembre para “conocer las labores que Honduras está realizando en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad”.
Todavía hoy, el Movimiento de los Indignados llamó a una manifestación para exigir la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) con mandato de las naciones unidas.
En otra audiencia llevada a cabo el jueves pasado, las organizaciones de derechos humanos hondureñas plantearon que el gobierno de Hernández destituyó a 47 magistrados y suspendió a 75 más de manera discrecional en 2014, mientras está por nombrar a 15 ministros de la Suprema Corte de Justicia de manera opaca y con criterios poco objetivos.
“No existen reglas claras para calificar los méritos profesionales ni académicos, o la idoneidad, ética, autonomía y verificación de honor”, denunció el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), al añadir: “también se llamó la atención sobre el uso del polígrafo como prueba de confianza a los postulantes, el cual sería aplicado por personal de las fuerzas militares”.
En un comunicado que publicó hoy, la CEJIL planteó: “Las organizaciones lamentan la ausencia de las autoridades nacionales y consideran que esta actitud pone en tela de duda el compromiso del Estado de Honduras con la garantía de los derechos humanos y el fortalecimiento del estado de derecho. La Comisión Interamericana es el foro más importante del continente para la promoción y protección de los derechos humanos, de manera que la ausencia del Estado también transgrede sus obligaciones internacionales”.