Un reciente informe del Índice Global de la Tortura 2025 advierte que Honduras se encuentra entre los países con alto riesgo de tortura y malos tratos, según los datos presentados este jueves por Cáritas de Honduras, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT) y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
El informe, elaborado por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), analizó la situación en 26 países y evaluó a Honduras a través de siete indicadores, concluyendo que el país enfrenta niveles alarmantes de vulnerabilidad en materia de derechos humanos. Las organizaciones nacionales señalaron que el Estado hondureño recibió un total de 74 recomendaciones internacionales orientadas a combatir este flagelo.
Entre 2017 y 2024, las autoridades hondureñas iniciaron 529 investigaciones por denuncias de tortura, de las cuales solo 75 llegaron a juicio. Dentro de estas, 32 fueron específicamente por tortura y 43 por tratos crueles, inhumanos o degradantes. A pesar de estas cifras, únicamente 10 casos han resultado en sentencia, sin que las autoridades aclaren si dichas resoluciones fueron condenatorias o absolutorias, lo que refleja un preocupante nivel de impunidad.
El informe resalta que la brutalidad policial, las condiciones de detención, la impunidad y la falta de protección a las víctimas son los factores más críticos en Honduras. Las condiciones carcelarias y la administración de justicia también presentan riesgos muy altos, según el análisis estadístico.
Estado de excepción bajo cuestionamiento
Uno de los principales llamados del informe es la inmediata derogación del estado de excepción que actualmente rige la política de seguridad pública en el país. Las organizaciones consideran que esta medida ha facilitado la vulneración de derechos y proponen, en su lugar, una estrategia enfocada en la construcción de paz y la protección de las garantías fundamentales.
También se recomienda que las labores de seguridad ciudadana sean exclusivamente competencia de cuerpos policiales civiles, limitando la participación militar a casos excepcionales, debidamente justificados y bajo estrictos protocolos de derechos humanos.
Reformas urgentes al sistema penitenciario
El documento urge al gobierno a transferir la administración carcelaria al Instituto Nacional Penitenciario, garantizando que este sea un ente civil, autónomo e independiente. Además, se recomienda implementar programas efectivos de reinserción social para las personas privadas de libertad.
El informe advierte sobre la grave sobrepoblación en los centros penitenciarios y propone adoptar medidas alternativas a la prisión preventiva, la cual, según el estudio, es aplicada de manera excesiva y prolongada en Honduras.
Llamado a tipificar la tortura como delito grave
El informe exige al Estado hondureño realizar reformas legales urgentes para tipificar de manera correcta el delito de tortura conforme a la Convención Internacional contra la Tortura, asegurando sanciones proporcionales a la gravedad del crimen y considerando agravantes cuando las víctimas sean personas vulnerables, como integrantes de la comunidad LGTBIQ+, pueblos indígenas y otras minorías.
Finalmente, las organizaciones nacionales y la OMCT instaron a incrementar el presupuesto para el funcionamiento del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y a garantizar la participación efectiva de la sociedad civil en este espacio de control y vigilancia.
El informe pone en evidencia los desafíos que Honduras aún enfrenta para erradicar la tortura y los tratos crueles, así como la urgencia de fortalecer las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos y asegurar el acceso a la justicia para todas las personas.