Una ciudadana de Estados Unidos ha presentado una nueva demanda contra el Estado de Honduras en el ámbito del arbitraje internacional, esta vez utilizando el Mecanismo Complementario del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), amparándose en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
El reclamo fue oficialmente registrado el pasado 15 de mayo y notificado a la Procuraduría General de la República de Honduras, mientras que la firma legal internacional Hogan Lovells US, con sede en Miami, representa los intereses de la parte demandante.
El abogado hondureño y especialista en arbitraje internacional, Javier Briceño, confirmó la existencia de la demanda al inicio de esta semana. En su análisis, señaló que este nuevo caso evidencia que la estrategia del gobierno de denunciar el Convenio CIADI —que surtió efecto el 25 de agosto de 2024— no ha logrado impedir la proliferación de litigios internacionales.
“Los tratados como el DR-CAFTA ya contemplan vías alternas al CIADI. El problema no es el mecanismo en sí, sino las acciones que provocan a los inversionistas a acudir a estas instancias”, explicó Briceño en un comunicado, subrayando que intentar resolver un problema estructural con medidas simbólicas no garantiza protección jurídica efectiva para el país.
El nuevo arbitraje se suma a una serie de demandas que han aumentado en los últimos años, reflejando una creciente vulnerabilidad jurídica de Honduras ante los tribunales internacionales. Este panorama ha encendido las alertas en sectores empresariales y legales, que demandan una reforma profunda del marco institucional, con el fin de generar un entorno más seguro y predecible para la inversión extranjera.
Aunque el retiro del CIADI fue una medida destacada por el gobierno como parte de su política de soberanía legal, expertos advierten que, en la práctica, su efecto ha sido limitado, ya que los tratados multilaterales continúan ofreciendo canales legales para que inversionistas reclamen compensaciones por posibles violaciones a sus derechos.