El procurador general de la República, Manuel Díaz Galeas, informó este martes que el Estado de Honduras ha sido notificado de una nueva demanda de arbitraje internacional presentada por el Grupo EMCO, lo que eleva a 16 el total de reclamos de este tipo en contra del país. En conjunto, estas disputas legales representan un riesgo financiero estimado entre 12 y 13 mil millones de dólares.
La demanda más reciente, recibida el lunes por la Procuraduría General, fue interpuesta a través del mecanismo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), uno de los centros de arbitraje reconocidos por la ONU. En ella, EMCO exige una compensación de 300 millones de dólares por supuestos actos arbitrarios cometidos por el Estado hondureño.
Durante una declaración oficial, el procurador Díaz Galeas describió el documento como una “demanda voluminosa” que ya está siendo objeto de análisis detallado por parte del equipo legal del Estado. Además, señaló que el reclamo se fundamenta en la presunta violación de acuerdos internacionales, entre ellos el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
“El planteamiento que se hace en la demanda sobre una expropiación por parte del Estado es completamente infundado y no se ajusta a la realidad”, afirmó Díaz Galeas, descartando las acusaciones formuladas por EMCO.
Este nuevo litigio se da en medio del debate nacional suscitado por recientes declaraciones de la ministra y candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, quien denunció irregularidades vinculadas al uso de fondos del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), en las que implicó indirectamente a la empresa demandante.
Se trata de la segunda acción legal presentada contra Honduras en menos de un mes. La anterior fue promovida por una ciudadana estadounidense al amparo del mismo acuerdo comercial (DR-CAFTA), quien apeló al Mecanismo Complementario del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), pese a que Honduras ya no forma parte de dicho organismo. No obstante, el tratado permite que los inversionistas acudan a otras instancias de resolución de disputas, como lo establece el artículo 10, sección B del DR-CAFTA.
Las autoridades hondureñas enfrentan así una creciente presión legal en el ámbito internacional, mientras se intensifica el debate interno sobre el manejo de inversiones y el cumplimiento de compromisos contractuales por parte del Estado.