Honduras debe trabajar en la prevención del desplazamiento interno forzado por la violencia, que obligó a 631 personas a huir de sus hogares entre 2021 y 2022, y ofrecer «soluciones duraderas», señaló este jueves a EFE la Pastoral de Movilidad Humana, una organización de la Iglesia católica hondureña.
«Es muy necesario tener un tema de prevención, atención y de protección» de las personas desplazadas, dijo la coordinadora de la Unidad de Desplazamiento Forzado por la Violencia de la Pastoral de Movilidad Humana, Fany Martínez, en entrevista con EFE en Tegucigalpa.
El Parlamento hondureño aprobó en diciembre pasado la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia, un fenómeno que el país reconoció en 2013.
Honduras requiere, según Martínez, «un sistema completo donde el Estado sea garante de los derechos de las personas desplazadas” con un enfoque en la prevención.
Según el último estudio presentado en 2019, unas 247.000 personas tuvieron que dejar su hogar de residencia y buscar protección en otra parte del país por razones vinculadas a la violencia causada por grupos armados, pandillas o maras entre 2014 y 2018.
Martínez lamentó que Honduras no cuente con cifras nacionales actuales e información desagregada que permita visibilizar más el desplazamiento interno en el país.