En tal sentido, pobladores de la residencial San José obstaculizaron el paso en el kilómetro 9 de la carretera que conduce de la capital, Tegucigalpa, al departamento oriental de Olancho exigiendo el servicio de agua potable.
Según sus consignas, estos ya pagaron 1.4 millones de lempiras por ese derecho cuando liquidaron su vivienda en dicho complejo habitacional, sin embargo, tiene 15 años esperando.
Exempleados de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), despedidos el pasado 12 abril e integrantes de la junta directiva de una facción del Sindicato de Trabajadores (Sitratelh) -no reconocida por la Secretaría del Trabajo- llamaron a asambleas informativas a partir de este martes a trabajadores y exservidores.
En medio de sus exigencias por una junta interventora en la estatal para extinguir las «mafias», los manifestantes en la sede ubicada en el bulevar Centroamérica se enfrentaron a golpes y empujones con agentes de la Policía Nacional que se apersonaron para proteger las instalaciones y mantener el orden.
Las instalaciones de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), ubicadas en Tegucigalpa, fueron tomadas por grupos campesinos que exigen de San Manuel y La Lima, Cortés, pidiendo asignación de tierras.
Su clamor, que también dirigen al Instituto Nacional Agrario (INA), es que les concedan propiedades incautadas para producir en ellas y cultivar.
Por sexto día consecutivo el centro de salud Alonso Suazo no brinda asistencia médica producto de la toma de instalaciones a manos de colectivos del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
Estos manifestantes exigen a las autoridades plazas labores -más de 200- y el despido de personas afines al Partido Nacional (anterior Gobierno) que aún labora en dicha institución.