Desde hace poco más de seis meses nuestras autoridades han anunciado la implementación de una reforma fiscal que ellos llaman Ley de Justicia Tributaria; sin embargo, desde ese entonces no se conoce más información sobre esta reforma más allá de lo transcendido en medios de comunicación, donde se ha mencionado que la ley irá orientada a cobrarle más a los “más ricos” y en la revisión y/o eliminación de los regímenes fiscales especiales mejor conocidos como “exoneraciones fiscales” bajo la desafortunada excusa de autoproclamarnos “paraíso fiscal” sin importar las implicaciones que esto tiene y la incertidumbre que causa alrededor de estas reformas.
Si bien, es importante que tanto el marco normativo como la institucionalidad que rigen nuestro día a día deban ser constantemente revisados y modernizados para evitar caer en el absolutismo que imponen la realidad del siglo 21 constantemente cambiante.
Cómo se realicen estas modernizaciones y cuáles son los mensajes que enviamos al mundo son igual de importantes; hasta ahora, los mensajes enviados no han sido claros ni certeros.
Pasamos de una declaración de un Estado de Emergencia Fiscal y Financiera por encontrar un “país quebrado”, a incrementar el presupuesto general del país es más de 100 mil millones de lempiras en menos de un año; de decir que en Honduras los “más ricos” no pagan impuesto a decir que se recaudó el 121.5 % de la meta de impuestos para 2022; de que los pobres son los que más pagan a decir que el impuesto sobre la renta se incremento en 101 % durante el 2022 y a decir que la deuda es insostenible al aprobar más de 2,000 millones de dólares en endeudamiento durante un año; reflejando un doble discurso fiscal.