El gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha instruido a las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a negar insumos y bonos tecnológicos productivos a los campesinos que practiquen la quema de tierras antes de sembrar. Esta medida, presentada como un intento por contrarrestar la contaminación en Honduras, es realmente una amenaza del régimen en contra de los pequeños productores del campo.
La decisión gubernamental tiene un enfoque punitivo hacia los campesinos, sin ofrecer alternativas viables para su sustento. Si bien la quema de parcelas es una práctica ancestral, su abandono requiere de acompañamiento técnico y recursos para una transición efectiva. La falta de capacitación y tecnificación en las zonas rurales hace que la imposición de sanciones resulte ineficaz e injusta.
Además, se critica que el gobierno desvíe la atención de los verdaderos responsables de la contaminación ambiental en Honduras: los empresarios industriales. Mientras se penaliza a los pequeños productores, las grandes corporaciones continúan operando sin restricciones, exacerbando los problemas ambientales del país.
Este tipo de medidas descabelladas continúan mostrando la incapacidad del gobierno de hacerle frente a los serios problemas que enfrenta Honduras.