El estado de excepción en Honduras, vigente desde el 6 de diciembre de 2022, ha sido prorrogado por otros 45 días, extendiéndose hasta el 16 de noviembre de 2024. Esta decisión fue anunciada este jueves por Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional, quien confirmó que la extensión fue publicada en el diario oficial La Gaceta mediante el PCM 030-2024.
Barahona detalló que la medida se aplicará en 226 de los 298 municipios del país y comenzará a regir a partir de las seis de la tarde de hoy. La declaración original del estado de excepción, realizada a finales de 2022, se tomó como respuesta a un aumento en los delitos de extorsión, sicariato y secuestro, bajo la premisa de que era una medida temporal para controlar la violencia asociada a las pandillas.
Sin embargo, a casi dos años de su implementación, el estado de excepción ha generado serias críticas tanto a nivel nacional como internacional. Expertos advierten que, a pesar de las prórrogas, la falta de una política integral y preventiva de seguridad ha llevado a que los resultados sean insuficientes. Se han recibido denuncias de abusos por parte de las autoridades, lo que ha levantado preocupaciones sobre la eficacia de esta medida.
El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en 2023 también ha señalado preocupaciones sobre abusos durante la vigencia del estado de excepción, reflejando un clima de inseguridad y desconfianza. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido al gobierno hondureño la derogación del decreto que sostiene el estado de excepción, citando que su prolongación ha generado impactos negativos en los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Organizaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) han resaltado la necesidad de desarrollar políticas de seguridad que respeten los derechos humanos y se alineen con un estado democrático. Asimismo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha instado a las autoridades a eliminar el decreto y a abordar el problema de la inseguridad mediante una política de seguridad ciudadana más razonable y justa.
La Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ) y la Asociación para una Sociedad Más Justa también han llamado a clarificar las estrategias contra la delincuencia y han manifestado su desacuerdo con la prolongación del estado de excepción, lo que subraya la necesidad de un enfoque más humano y efectivo en la lucha contra la violencia en Honduras.