En poco más de tres años al frente del Ejecutivo, la administración de la presidenta Xiomara Castro ha reportado un gasto público acumulado de aproximadamente 1.1 billones de lempiras, según datos oficiales de la Secretaría de Finanzas (Sefin). Sin embargo, pese a la millonaria inversión, expertos y analistas cuestionan el impacto real en indicadores clave como pobreza y salud, además de señalar una baja eficiencia en la ejecución presupuestaria.
El informe oficial de Sefin, que abarca desde 2022 hasta el primer trimestre de 2025, detalla que el gasto total acumulado suma 1,132,302.1 millones de lempiras, distribuidos entre la administración central y descentralizada. El desglose anual muestra que:
- En 2022, primer año del gobierno, se ejecutaron 309,062.1 millones de lempiras, con un nivel de ejecución del 84 % del presupuesto asignado.
- Para 2023, el año de mayor actividad financiera, la ejecución alcanzó los 371,742.9 millones, equivalente al 90 % del presupuesto.
- En 2024, la cifra llegó a 377,664.1 millones, con un 89 % de ejecución.
- En los primeros tres meses de 2025, se reportó un gasto de 73,833 millones de lempiras, alcanzando apenas un 17 % de ejecución en ese periodo.
El informe subraya que la administración central presenta mejores niveles de ejecución en comparación con las entidades descentralizadas, que muestran menores cifras de gasto efectivo.
Desde la perspectiva oficial, la presidenta Castro ha reiterado que su gobierno ha destinado mayores recursos a sectores prioritarios como educación, salud, infraestructura y asistencia social, destacando proyectos en carreteras y programas sociales. Sin embargo, estos anuncios contrastan con la percepción crítica de economistas y empresarios, quienes apuntan que la ejecución presupuestaria ha sido insuficiente y que varios proyectos productivos y de infraestructura permanecen paralizados debido a demoras en las transferencias de fondos.
Esta situación pone en cuestionamiento la capacidad del gobierno para traducir el gasto público en mejoras tangibles para la población, en un contexto donde la pobreza y otros indicadores sociales no han mostrado avances significativos. La combinación de un elevado nivel de gasto con una ejecución irregular y resultados limitados refleja las dificultades estructurales que enfrenta la administración para convertir recursos en desarrollo efectivo.
A medida que avanza el mandato, la eficiencia en la ejecución y la transparencia en el uso de los recursos públicos serán aspectos claves para evaluar el impacto real del millonario gasto acumulado en estos tres años y más.