En lo que parece un nuevo intento de silenciar a los medios críticos, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha interpuesto una querella ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces (RCV), por supuestas injurias y calumnias. La denuncia fue presentada por el ministro de Finanzas, Christian Duarte, acompañado del tesorero general, Salomón Hernández.
Según Duarte, la querella se basa en las acusaciones que Rodríguez ha difundido sobre el gobierno, que el ejecutivo considera «información falsa e inexacta». Duarte argumentó que las acusaciones de injurias se originan por la difusión de datos que, según él, han afectado la dignidad y el honor de los funcionarios públicos involucrados, en un claro intento de desacreditar al gobierno y a las instituciones del país.
Sin embargo, la querella también pone en evidencia un patrón preocupante en el tratamiento de la libertad de prensa en Honduras, donde los medios de comunicación que cuestionan al gobierno parecen ser blanco de persecución. En este caso, las acusaciones que se le imputan a Rodríguez están relacionadas con supuestos actos de malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y fraude, todos ellos sin pruebas documentales que respalden las acusaciones.
El ministro de Finanzas negó rotundamente las denuncias de un sobregiro de 6,500 millones de lempiras para financiar las elecciones internas del Partido Libertad y Refundación (Libre), y desmintió que esos recursos fueran desviados hacia la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o el programa “Red Solidario” a través del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa). Aseguró que dichas entidades solo recibieron 248.5 millones de lempiras este año.
Las críticas a las acciones del gobierno no han cesado, y muchos analistas sugieren que esta demanda es parte de una estrategia del Ejecutivo para silenciar las voces disidentes, acusando a los medios de ser responsables de crear «cortinas de humo» y manipulando la percepción pública a su favor. En este contexto, la pregunta sobre la verdadera intención detrás de esta querella queda en el aire: ¿está el gobierno de Xiomara Castro defendiendo su honor o persiguiendo a la prensa crítica?
El gobierno ha enfatizado en múltiples ocasiones su respeto a la libertad de prensa, pero actos como este generan dudas sobre su compromiso con el derecho a la libre expresión y el acceso a la información en un contexto de creciente tensión política en el país.
Este acontecimiento sigue a una serie de incidentes que reflejan un clima de hostilidad hacia los medios de comunicación independientes y plantea serias interrogantes sobre la salud democrática de Honduras bajo el gobierno de Castro. Mientras tanto, los periodistas y medios de comunicación críticos continúan enfrentando desafíos para ejercer su labor sin temor a represalias.