En un contexto marcado por el inicio de la campaña electoral y bajo fuertes cuestionamientos por el uso de fondos públicos con fines partidarios, el gobierno de Honduras encabezado por la presidenta Xiomara Castro de Zelaya ha suscrito un nuevo préstamo por 50 millones de dólares con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID).
El acuerdo, firmado en una reunión con el presidente del Fondo, Abdulhamid Alkhalifa, se suma a un paquete de financiamiento internacional que incluye otros 80 millones de dólares otorgados por la Corporación Andina de Fomento (CAF), totalizando 130 millones de dólares en nuevos compromisos financieros.
El secretario de Finanzas, Christian Duarte, explicó que los recursos estarán destinados a programas sociales enfocados en el empoderamiento de la mujer, casas hogar, y apoyo a poblaciones vulnerables como personas con discapacidad, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Según Duarte, el préstamo del Fondo OPEP es concesional, con un período de gracia de cinco años, un plazo de amortización de 15 años y una tasa de interés cercana al 6 %, condiciones que calificó como favorables frente a las tasas internacionales que actualmente rondan entre el 9 % y 10 %.
Duarte defendió la decisión del gobierno argumentando que este tipo de financiamiento es esencial para países en desarrollo como Honduras, ante la presión fiscal y el elevado costo de la deuda. Además, aseguró que el respaldo de organismos multilaterales refleja la confianza internacional en las reformas sociales del gobierno de Castro.
Sin embargo, la firma del nuevo endeudamiento ocurre en un momento políticamente sensible. El reciente escándalo en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde se evidenció el presunto desvío de fondos públicos para actividades proselitistas en beneficio de la candidata oficialista Rixi Moncada, ha sembrado dudas sobre el manejo transparente de los recursos.
Diversos sectores han cuestionado la conveniencia de seguir incrementando la deuda pública justo cuando el país se prepara para enfrentar un nuevo proceso electoral. El temor generalizado es que los recursos externos sean utilizados para fortalecer la maquinaria política del partido gobernante, en lugar de llegar a las poblaciones más vulnerables, como plantea el discurso oficial.
En medio de este escenario, el gobierno insiste en que los nuevos fondos contribuirán a profundizar la agenda social y a promover la inclusión, pero la desconfianza ciudadana y el historial reciente de presunta corrupción alimentan la percepción de que el endeudamiento podría tener fines más electorales que sociales.