El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) dio a conocer este lunes un documento preliminar que confirma la decisión de la Administración Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 76,000 migrantes hondureños y nicaragüenses que residen legalmente en el país desde 1999.
Esta medida, que entrará en vigor 60 días después de su publicación oficial en el Registro Federal —programada para este martes— afectará a aproximadamente 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses, según datos oficiales estadounidenses. Florida será el estado más impactado, al concentrar a un tercio de los beneficiarios del TPS en territorio estadounidense.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó esta decisión alegando que Honduras y Nicaragua ya no cumplen con los criterios que inicialmente motivaron la concesión de este estatus. El TPS fue otorgado tras el devastador paso del huracán Mitch en octubre de 1998, una catástrofe que dejó más de 11,300 muertos en la región, incluidos casi 7,000 en Honduras y cerca de 4,000 en Nicaragua.
Según el DHS, desde entonces ambos países han experimentado mejoras significativas. En su informe, destaca que Nicaragua ha crecido como referente en turismo, agricultura y energías renovables, mientras que Honduras avanza en proyectos de infraestructura que prometen generar empleo y desarrollo económico.
La eliminación del TPS para estas nacionalidades se produce semanas después de que el gobierno estadounidense anunciara el fin de esta protección para más de medio millón de haitianos, aunque un juez federal suspendió temporalmente esa medida. Asimismo, en mayo pasado, la Corte Suprema autorizó la terminación del TPS para 350,000 venezolanos.
Desde el inicio del mandato de Donald Trump, su administración ha intentado poner fin a este estatus para migrantes de varios países, incluyendo El Salvador, Haití, Nepal y Sudán, lo que ha generado preocupación entre otras comunidades que temen ser las próximas afectadas.
La decisión representa un duro golpe para miles de familias que, tras décadas de vivir legalmente en EE.UU., enfrentan ahora la incertidumbre sobre su futuro y la posibilidad de regresar a países donde aún existen desafíos sociales y económicos.