El gobierno de Manuel Zelaya, Rixi Moncada y Xiomara Castro ha decidido ampliar, por 45 días más, el estado de excepción en Honduras, una medida que, tras más de dos años de aplicación, ha demostrado ser un total fracaso en la reducción de la delincuencia y, por el contrario, ha facilitado la comisión de violaciones a los derechos humanos.
La Policía Nacional confirmó este viernes la vigésima primera extensión de la medida, que estará vigente del 3 de julio al 16 de agosto de 2025, respaldada por el decreto PCM 22-2025. A través de sus redes sociales, la institución policial afirmó que continuará desplegando agentes «para capturar a altos delincuentes, pandilleros y mareros», aunque las cifras y la percepción ciudadana reflejan que la violencia y la criminalidad continúan afectando al país.
El estado de excepción se implementó desde el 6 de diciembre de 2022 y, aunque fue presentado como una estrategia de impacto para recuperar la seguridad, no ha logrado resultados sostenibles ni significativos. De hecho, solo una de sus 21 prórrogas ha sido ratificada de manera formal por el Congreso Nacional, lo que cuestiona la legalidad y el respeto a los procedimientos constitucionales.
Más preocupante aún es el impacto que la medida ha tenido sobre las libertades fundamentales de la población. Bajo este régimen, se han limitado derechos como la libertad de circulación, de asociación y reunión, la protección contra la detención arbitraria y la inviolabilidad del domicilio. Diversos organismos defensores de derechos humanos, incluido el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), han recibido denuncias de detenciones arbitrarias y excesos policiales, mientras la violencia y la inseguridad persisten en las calles.
A pesar de casi 950 días consecutivos bajo esta medida excepcional, los niveles de criminalidad no han experimentado una disminución significativa, y la percepción de inseguridad sigue siendo alta en la población. En lugar de soluciones estructurales, el gobierno continúa apostando a una estrategia fallida, improvisada y con graves implicaciones para el respeto a los derechos ciudadanos.
Organizaciones de la sociedad civil han denunciado que la extensión constante del estado de excepción es utilizada como un mecanismo de control político y represión social, sin atacar las verdaderas causas de la violencia, como la pobreza, el desempleo y la debilidad institucional.
La decisión del oficialismo de sostener esta medida, a pesar de sus evidentes fracasos, pone en entredicho el compromiso del gobierno con la construcción de una política de seguridad integral y con el respeto a las garantías democráticas. Mientras tanto, la ciudadanía sigue sin respuestas efectivas ante la criminalidad que diariamente cobra vidas y mantiene en zozobra a las comunidades.