El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras ha ordenado a los oficiales de las promociones 28, 29 y 30 entregar sus armas de reglamento, que incluyen pistolas y carabinas, al Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas (CALFFAA). La notificación oficial, firmada por el general de brigada René Barahona Alvarado, subjefe del Estado Mayor Conjunto, fue difundida en redes sociales y confirma que la decisión fue tomada por el Jefe de las Fuerzas Armadas, general de división Roosevelt Hernández.
El oficio establece que la entrega de las armas debe realizarse a más tardar el 15 de abril de 2025, según la circular oficial emitida por la institución. La medida ha sorprendido a muchos, ya que no es común en la historia reciente de la institución castrense, sobre todo en un contexto donde el liderazgo militar ha sido objeto de críticas por su vinculación con la política.
Una medida inédita y su interpretación
El desarme de oficiales de estas promociones ha sido considerado por algunos analistas como una acción fuera de lo común. Expertos señalan que este tipo de decisiones pueden interpretarse como una estrategia para evitar posibles insubordinaciones o movimientos irregulares dentro de las Fuerzas Armadas. En tiempos donde se cuestiona la imparcialidad de las autoridades castrenses, la medida ha generado inquietud sobre su verdadero propósito.
Sin embargo, el general Roosevelt Hernández ha defendido públicamente la decisión, aclarando que el objetivo de esta medida es «la administración de los recursos» de la institución. En declaraciones al Noticiero TN5, Hernández explicó que, en años anteriores, las promociones de oficiales eran relativamente pequeñas, con no más de 20 personas, lo que facilitaba la entrega de las armas de reglamento al momento de finalizar su servicio. No obstante, con el aumento en el número de graduados por promoción, que en la actualidad pueden superar los 100 oficiales, la situación ha cambiado. Esto ha generado una escasez de armamento disponible, lo que llevó a la necesidad de esta medida.
El jefe de las Fuerzas Armadas también puntualizó que esta decisión no es nueva. Según él, esta práctica comenzó hace aproximadamente siete años, como parte de un esfuerzo para gestionar mejor los recursos y garantizar que las Fuerzas Armadas cuenten con el equipo necesario para cumplir sus funciones.
Contexto político y militar
El desarme de estos oficiales ocurre en un contexto político tenso, donde la figura de Hernández ha sido vista por algunos críticos como un actor involucrado en el activismo político, lo que ha generado dudas sobre la imparcialidad de las Fuerzas Armadas en la actualidad. A pesar de ello, el general Hernández reafirmó que la medida obedece a criterios logísticos y no a cuestiones políticas.
Esta decisión, aunque justificada desde el punto de vista de la administración de recursos, ha quedado en el centro del debate, ya que algunos consideran que podría ser una forma de controlar a los oficiales de mayor rango y prevenir cualquier tipo de resistencia dentro de la institución militar.
En resumen, mientras que la medida de desarme de los oficiales de las promociones 28, 29 y 30 es vista por algunos como una respuesta lógica a la sobreabundancia de armas y oficiales, para otros plantea dudas sobre sus verdaderos motivos, especialmente en un contexto político cargado de tensiones.