El Fiscal General de la República, Johel Antonio Zelaya, ordenó el secuestro de documentos dentro de las instalaciones del Congreso Nacional, en un operativo dirigido por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). A través de su cuenta en redes sociales, Zelaya explicó que la acción se lleva a cabo en el marco de investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción en el poder Legislativo.
La orden fue fundamentada en el artículo 232 de la Constitución de la República, así como en los artículos 207, 209 y 210 del Código Procesal Penal, que facultan al Ministerio Público a intervenir en casos donde se sospecha de irregularidades. «La inmunidad no es impunidad», subrayó el Fiscal, enfatizando que el tiempo de encubrir crímenes desde el Congreso ha llegado a su fin.
Aunque Zelaya no especificó los casos exactos que están siendo investigados, fuentes cercanas a la investigación señalaron que podría tratarse de denuncias vinculadas a un grupo de 34 diputados acusados de mal manejo de fondos públicos. Esta medida marca un hito en la lucha contra la corrupción en el país, donde la Fiscalía ha reafirmado su compromiso de actuar sin distinciones, independientemente del poder estatal involucrado.
El Fiscal agregó que el Ministerio Público está firme en su propósito de dar respuestas claras a la ciudadanía hondureña. «Nuestra lucha contra la corrupción no se detendrá», aseguró, recordando que el ente fiscalizador intervendrá en cualquier poder del Estado que haya violado la ley.
Con este secuestro de documentación, se espera que nuevas evidencias salgan a la luz y que se tomen acciones concretas para sancionar a los responsables de estos actos de corrupción. Mientras tanto, los parlamentarios afectados aún no han comentado oficialmente sobre la operación.