Un nuevo caso de corrupción sacude a Honduras. La Fiscalía de Lucha contra la Corrupción presentó este viernes un requerimiento fiscal que involucra a más de una docena de exfuncionarios del sistema sanitario público, incluido personal administrativo, exdirectores de hospitales y la diputada del Partido Nacional, Ariana Banegas. El perjuicio económico al Estado supera los 77 millones de lempiras.
Las investigaciones apuntan a un complejo esquema de fraude ejecutado entre 2009 y 2014, en el que funcionarios de la Secretaría de Salud beneficiaron de manera ilegal a seis empresas privadas mediante 208 compras irregulares en hospitales y centros de salud de todo el país. Las acciones judiciales ya incluyen órdenes de captura a nivel nacional e internacional.
Los hospitales involucrados abarcan desde el Hospital de San Lorenzo y el Hospital del Sur en Choluteca, hasta centros en regiones como La Paz, Copán, Juticalpa, Islas de la Bahía y El Progreso. Las empresas señaladas —QUIMTEC, LOFARMA, INCORSA, CEDISA, DICOMER y LABORATORIOS D’ LA ROJA— recibieron contratos sin cumplir los requisitos mínimos legales ni contar con garantías de calidad o solvencia fiscal.
El Ministerio Público asegura que los contratos fueron adjudicados a pesar de que no existía presupuesto asignado, y que se fragmentaron procesos para evitar la licitación pública, en contravención directa de la Ley de Contratación del Estado. Una auditoría forense reveló, además, que muchas entregas no se realizaron o se completaron parcialmente, pero se falsificaron actas de recepción y se autorizó el pago total de los contratos.
Uno de los casos más graves involucra a LABORATORIOS D’ LA ROJA, que recibió 75 órdenes de compra por más de 29 millones de lempiras sin cumplir con las entregas estipuladas ni recibir sanción alguna. También se ha documentado colusión entre los funcionarios y las empresas, algunas de las cuales comparten representación legal y pertenecen a un mismo grupo familiar.
Llama la atención que Cristina del Carmen Díaz, entonces jefa del Departamento Legal de la Secretaría de Salud, figura como socia de una de las empresas beneficiadas, CEDISA, lo que constituye un claro conflicto de interés.
Este escándalo pone nuevamente bajo la lupa los mecanismos de contratación pública en el sector salud y plantea serias interrogantes sobre la rendición de cuentas dentro de las instituciones estatales.