El fiscal Luis Javier Santos afirmó este lunes que el requerimiento fiscal presentado contra el exalcalde capitalino Nasry Asfura no es una persecución política, sino una investigación penal que se ha estado gestando durante años. En declaraciones a los medios de comunicación, Santos insistió en que es crucial transmitir a la población que se trata de una persecución penal y no de un ataque político.
Nasry Asfura, junto a otras siete personas, se presentaron este lunes en el Juzgado de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción para enfrentar una audiencia de declaración de imputado. Santos también rechazó la idea de un doble juzgamiento, explicando que la solicitud de antejuicio previa fue desestimada. «Hasta un alumno de primer año de derecho sabe que esto no es un doble juzgamiento», afirmó.
Los imputados, entre los que se encuentran Asfura, Cinthia Elizabeth Borjas Valenzuela y Nilvia Ethel Castillo, enfrentan acusaciones de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación de los deberes de los funcionarios. Otros imputados, como Mario Roberto Zerón Suazo y Rony López Córdova, son acusados de fraude y violación de deberes, mientras que Wilmer Gerardo Rodríguez y Roger Ariel Amador enfrentan cargos por lavado de activos y fraude.
Según el Ministerio Público, entre 2017 y 2018, Asfura y sus coimputados desviaron la emisión de 32 cheques bajo la justificación de «fondos rotatorios» y «reembolsos de gastos», que finalmente habrían sido depositados en cuentas personales de los imputados. Este dinero luego se habría utilizado para beneficiar a personas y entidades cercanas a Asfura.
El ente acusador también sostiene que parte del efectivo desviado se utilizó para financiar campañas políticas, cubrir gastos no oficiales de la alcaldía, pagar tarjetas de crédito y adquirir joyería. La situación legal de Asfura y los demás implicados continúa desarrollándose, mientras la Fiscalía trabaja en la consolidación de su caso.