El titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, emitió este lunes una serie de declaraciones que ponen en evidencia el debilitamiento de la lucha contra la corrupción y la creciente opacidad en la administración pública bajo el actual gobierno.
Durante una entrevista concedida a Radio Progreso, el fiscal expresó su preocupación por la pérdida de acceso a información clave para las investigaciones, incluso mayor que la registrada en gobiernos anteriores. “Actualmente tenemos menos acceso a datos que en administraciones pasadas. Antes, con apoyo de la MACCIH, algunas instituciones brindaban información en tiempo real, pero hoy eso se ha perdido”, lamentó.
Aunque reconoció que la derogación de la Ley de Secretos fue un paso importante, advirtió que otros canales de información han sido cerrados. Según explicó, UFERCO ya no puede consultar bases de datos cruciales como el registro de vehículos, información tributaria ni plataformas institucionales, herramientas que antes resultaban vitales para mapear redes de corrupción.
“Es posible que hoy estén ocurriendo cosas peores en la oscuridad, pero simplemente no lo sabemos. Quizá lo descubramos cuando llegue otro gobierno”, añadió.
Consideró renunciar al cargo
En un tono reflexivo, Santos reveló que ha considerado poner su cargo a disposición ante la falta de condiciones para avanzar. “He pensado seriamente en renunciar. Lo he discutido con las autoridades. No veo un rumbo claro en la lucha contra la corrupción”, confesó.
Asimismo, señaló que nuevos funcionarios dentro del Ministerio Público no comprenden del todo cómo operan las redes de corrupción ni el papel que juegan los actores políticos. “No se puede seguir luchando toda la vida contra la corriente, sobre todo cuando hay quienes desde adentro no quieren que uno continúe”, agregó.
Sin sentencias, pese a las investigaciones
Santos también lamentó la falta de resultados judiciales a pesar de los esfuerzos investigativos. “El equipo de UFERCO puede investigar, pero si eso se traduce en sentencias, es otra historia. Ni siquiera los casos de la MACCIH han llegado a ese punto”, señaló. Según el fiscal, los principales obstáculos no están en la fase de investigación, sino en el sistema judicial. “No sabemos exactamente qué está pasando en los tribunales, pero ahí es donde se detienen los procesos”, afirmó.
La CICIH y el rol de la ciudadanía
Sobre la posibilidad de instalar una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), Santos fue claro: “Sin presión real de la sociedad, no habrá ninguna misión. Los foros y pronunciamientos no son suficientes. La exigencia debe venir del pueblo y con fuerza”.
Cuestionó además la creencia de que un cambio de gobierno resolverá el problema: “La corrupción no se detiene con elecciones. Es una práctica cultural: hay quienes asocian el poder público con riqueza y estatus, y eso alimenta el desvío de fondos públicos”.
Corrupción sistémica
Santos concluyó sus declaraciones advirtiendo que el combate a la corrupción en Honduras es extremadamente difícil bajo las condiciones actuales. Aseguró que existen casos con más de cinco años sin resolución debido a trabas en el sistema judicial. “Estamos haciendo esfuerzos, pero esto es un engranaje completo. El Ministerio Público no puede solo. Así como está diseñado el sistema, la corrupción continuará por muchos años”, sentenció.
Las declaraciones del fiscal han sido interpretadas por diversos sectores como un llamado urgente a la acción ciudadana, institucional y política para enfrentar un problema estructural que continúa afectando gravemente la democracia y el desarrollo del país.