El exsubcomisionado de la Policía Nacional, José Orlando Leiva Natarén, fue sometido a detención judicial tras comparecer en audiencia inicial en el Tribunal de Sentencia. Leiva Natarén enfrenta cargos por el delito de lavado de activos, relacionado con movimientos financieros sospechosos y un incremento patrimonial injustificado superior a los 300 millones de lempiras. La audiencia inicial para este caso ha sido programada para el próximo viernes 24 de enero a las 8:30 a.m.
Leiva Natarén fue arrestado en junio de 2018 en la ciudad de Miami, Estados Unidos, tras una investigación que identificó irregularidades en sus finanzas personales. Según el Ministerio Público, entre 2006 y 2017, el exoficial movió alrededor de 913 millones de lempiras a través del sistema financiero nacional, sin una justificación clara sobre el origen de los fondos.
A lo largo del proceso, las autoridades lograron la incautación definitiva de 42 bienes asociados a Leiva Natarén y su esposa, Nancy Patricia Sánchez Cruz, con un valor estimado en más de 313 millones de lempiras. Estas propiedades, vinculadas a operaciones irregulares de la empresa CONAR, de la cual Leiva Natarén era propietario, fueron aseguradas como parte de la estrategia de lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
El expediente judicial detalla que de los 913 millones de lempiras movidos, aproximadamente 282 millones provienen de transacciones de la empresa CONAR, 15 millones corresponden a ingresos personales del exsubcomisionado, y 3 millones a su esposa. Sin embargo, las cifras no concuerdan con las utilidades reportadas por la empresa ni con los ingresos que Leiva Natarén habría percibido durante su carrera de 25 años en la Policía Nacional.
La trama de corrupción que involucra al exsubcomisionado comenzó a ser investigada por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Las pesquisas descubrieron irregularidades en el manejo financiero, lo que llevó al aseguramiento de los bienes y a la presentación de cargos de lavado de activos.
En agosto de 2016, Leiva Natarén fue separado de su cargo como parte del proceso de depuración policial, al ser considerado no apto para continuar en la institución. Posteriormente, en 2018, durante la Operación «Dragón V», el Ministerio Público presentó formalmente los cargos contra él y su esposa, iniciando un largo proceso judicial que ahora sigue su curso.
El caso continúa siendo uno de los más relevantes dentro de la lucha contra la corrupción en las fuerzas de seguridad del país, con un foco en la depuración de miembros involucrados en actividades ilícitas. La audiencia del 24 de enero marcará un nuevo capítulo en la resolución de este complejo caso judicial.