Más de cinco años después del asesinato de la icónica defensora del medio ambiente, Berta Cáceres, la justicia hondureña aún no ha puesto tras las rejas a los autores y coautores intelectuales del brutal crimen.
Desde un inicio, la familia de la malograda líder indígena ha señalado diversos apellidos importantes en el empresariado y banca nacional, vinculándoles a la autoría intelectual del crimen. A estos se estaría sumando uno nuevo, el de una expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), cuyo nombre ya se ha mencionado en el juicio que actualmente está en curso contra un supuesto coautor intelectual del delito.
No mucho tiempo previo al homicidio, esta empresaria sentenció a Berta Cáceres asegurando que ella se encargaba de boicotear la inversión en el país, razón por la que no merecía ser sujeto de medidas cautelares otorgadas por organismos internacionales.
De acuerdo a una de las hijas de Berta Cáceres, esta empresaria participó en el asesinato político de la protectora de las etnias.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) también ha dejado claro que esta empresaria automotriz participó en campañas de odio contra Berta Cáceres, razón por la que miembros de su equipo legal solicitan que se investigue la incidencia que estas campañas pudieron tener en su muerte.
Defensores de Derechos Humanos y de la mujer también han sido enfáticos al manifestar que el caso de Berta Cáceres aún no está cerrado y que se deben investigar a los responsables de promover apología del odio contra la extinta dirigente ambientalista.
Se espera que los entes investigativos y acusadores del estado procedan a identificar más responsables de la muerte de Berta Cáceres y no se descartan requerimientos fiscales para los próximos días.