El exministro de Salud, Arturo Bendaña Pinel, se presentó hoy en los tribunales de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción para enfrentar las acusaciones que pesan en su contra. A su llegada, Bendaña declaró a los medios de comunicación que es completamente inocente de los cargos que le imputan. “Me siento mal por estas acusaciones infundadas. Soy inocente”, afirmó.
Bendaña se encuentra en una audiencia crucial donde el juez encargado del caso detallará los delitos presuntamente cometidos durante su gestión al frente del Ministerio de Salud. La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) ha presentado un requerimiento fiscal que incluye a Bendaña y a otros exfuncionarios de la Secretaría de Salud, así como a representantes de empresas mercantiles. Los cargos contra los imputados abarcan fraude, prevaricato administrativo, falsificación de documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios y encubrimiento.
El requerimiento fiscal revela que entre 2010 y 2012, los acusados utilizaron contratos fraudulentos y licitaciones amañadas para desviar más de 224 millones de lempiras (L.224,994,921.30) destinados a la compra de medicamentos, suministros médicos y equipos quirúrgicos. Este esquema de corrupción no solo perjudicó al Estado, sino que también dejó a miles de hondureños sin los insumos médicos necesarios, afectando gravemente la salud de la población.
Además de Bendaña, los acusados en este caso incluyen a Miguel Ernesto Flores Cisneros, Moisés Torres López, Vinicio David Monterrosa Sierra, Roberto Carlos Meza Figueroa, Vanessa María Urbizo Escobar, Nelson Geovanny Alvarenga Rodríguez, Reynaldo Leiva Suazo y Carlos Octavio Rivas Sánchez. Se alega que el exjuez Rivas Sánchez facilitó parte del fraude mediante resoluciones favorables a las empresas involucradas, basadas en documentos falsos y demandas forzadas contra el Estado.
Este escándalo de corrupción ha expuesto un plan orquestado que privó a los hondureños de medicamentos y equipos médicos esenciales, forzando a muchos a viajar largas distancias en busca de atención médica, y en muchos casos, resultando en consecuencias fatales debido a la falta de suministros adecuados. La investigación del Ministerio Público busca justicia para las víctimas de este sistema corrupto que ha fallado en proteger a la población más vulnerable.