Exmagistrado del CNE reafirma que Edgardo Casaña y Rasel Tomé deben ser inhabilitados para participar en las próximas elecciones

El exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Denis Gómez, señaló este miércoles que el proceso de inscripción de movimientos internos ya está en marcha, y destacó que la ley electoral y la Constitución de la República de Honduras, a través del artículo 42, establecen las condiciones que pueden llevar a la suspensión de los derechos ciudadanos de aquellos que se encuentren impedidos de participar en las elecciones.

Gómez hizo énfasis en que uno de los factores que puede ocasionar la inhabilitación de un candidato es contar con una sentencia firme en su contra. En ese contexto, mencionó a los diputados Edgardo Casaña y Rasel Tomé, quienes, según su análisis, se encuentran en una situación de inhabilitación debido a fallos judiciales irrevocables en su contra. «Ambos tienen sentencia firme, lo que debería inhabilitarlos para continuar en sus cargos y, por ende, para participar en las elecciones. Sin embargo, no se ha tomado ninguna acción efectiva para suspenderlos», explicó.

El exmagistrado subrayó que, en la etapa actual del proceso electoral, cuando las planillas lleguen al Consejo Nacional Electoral (CNE), uno de los puntos clave será aclarar si el CNE interpretará de manera correcta la inhabilitación de estos políticos. «Según la normativa, no deberían ser inscritos. En mi opinión, la inhabilitación es clara y firme», aseveró.

Asimismo, Gómez expresó su preocupación por las interpretaciones legales que, a su juicio, suelen ser excesivas en el país. «En Honduras, a menudo se aplica el principio de que todo se puede, pero no todo se debe», comentó, haciendo referencia a la tendencia de modificar o suavizar las interpretaciones legales para beneficiar a ciertos actores políticos.

Finalmente, el profesional del derecho reiteró que la inhabilitación de Casaña y Tomé sigue vigente y que, bajo las condiciones actuales, ninguno de ellos debería estar habilitado para postularse a un cargo público en las próximas elecciones. «La ley es clara y debe cumplirse», concluyó Gómez.

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