Exdiputados y miembros de ONG enfrentan cargos por desvío de fondos públicos destinados a proyectos sociales

El Ministerio Público presentó este lunes un requerimiento fiscal contra tres exdiputados del Congreso Nacional y varios miembros de una organización no gubernamental (ONG) por su presunta participación en un esquema de fraude relacionado con la desviación de fondos públicos que debían ser destinados a proyectos sociales y la reducción de la pobreza.

Los excongresistas involucrados en el caso son Rodimiro Mejía, José Vicente León Rojas y Perla Simons Morales, esta última también conocida por su rol como decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Además de ellos, se encuentra acusada Dalia Esmeralda Palma Sánchez, representante legal y administradora de la Organización Inclusión Honduras Internacional (OIHIN).

Asimismo, los miembros fundadores de la junta directiva de la mencionada ONG, José Wilfredo Flamenco Ramírez y Laura Rosa Sánchez García, también han sido señalados en el requerimiento fiscal. El documento también incluye a los ciudadanos José Wilfredo Flamenco Acevedo, Miguel Ángel Hernández Mejía y David Abner Flores Montoya.

Según la denuncia, los acusados habrían defraudado al Estado hondureño por un total de 27 millones 095 mil 708.84 lempiras, que se destinaban a iniciativas de desarrollo social y combate a la pobreza en el periodo de 2011 a 2017.

El requerimiento fiscal detalla que la OIHIN fue creada el 21 de marzo de 2010 y, según la acusación, habría sido utilizada como una fachada para desviar recursos del Estado. Estos fondos provenían del Fondo Departamental otorgado por el Congreso Nacional, así como del Fondo Rotatorio de la extinta Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis).

Los fondos, que estaban destinados para un total de 17 proyectos sociales, fueron redirigidos de manera indebida a través de cheques emitidos a nombre de particulares y empresas sin la debida justificación legal. Este escándalo pone en duda la transparencia de las gestiones de los implicados y genera un llamado de atención sobre el uso de los recursos destinados al bienestar social en Honduras.

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