Este viernes, tres exdiputados del Congreso Nacional se presentaron ante los tribunales para responder por su presunta implicación en un desvío millonario de fondos destinados a programas de reducción de pobreza. Los acusados, quienes fueron identificados como Rodimiro Mejía, José Vicente León Rojas y Perla Simons Morales, están señalados de desviar más de 27 millones de lempiras que, según las autoridades, debían ser destinados a proyectos sociales entre 2011 y 2017.
Durante la audiencia de imputación, el juez dictó medidas sustitutivas a la detención preventiva para los exlegisladores. Los acusados deberán firmar el libro de asistencia semanalmente y se les prohibió salir del país mientras avanzan las investigaciones. La audiencia inicial, en la que se determinarán los cargos específicos y las pruebas en su contra, quedó programada para el 14 de mayo a las 9:00 de la mañana.
La denuncia fue presentada por la Unidad Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), que reveló que los fondos en cuestión fueron desviados mediante la manipulación de cheques emitidos a favor de particulares y empresas sin justificación legal. Según las investigaciones, los recursos del Fondo de Desarrollo Departamental del Congreso Nacional y del Fondo Rotatorio de la extinta Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) fueron malversados a través de la organización no gubernamental (ONG) Inclusión Honduras Internacional (OIHIN), que supuestamente fungió como un mecanismo para canalizar estos fondos de manera irregular.
A lo largo de las investigaciones, se descubrió que los fondos desviados, inicialmente destinados para la ejecución de 17 proyectos sociales, fueron utilizados para compras personales, adquisición de terrenos y vehículos, así como pagos de alquileres, entre otros gastos que no tenían relación con los fines de los proyectos. Las auditorías realizadas por UFERCO evidenciaron inconsistencias en los estados financieros de la ONG, registros bancarios alterados y liquidaciones incompletas.
Además de los exdiputados, también están imputados varios representantes de la OIHIN, entre ellos Dalia Esmeralda Palma Sánchez, quien era la representante legal de la organización, y otros miembros de la junta directiva como José Wilfredo Flamenco Ramírez y Laura Rosa Sánchez García. Los ciudadanos José Wilfredo Flamenco Acevedo, Miguel Ángel Hernández Mejía y David Abner Flores Montoya también están siendo señalados por su presunta participación en el desvío de estos recursos.