Ante la mala gestión penitenciaria que muestra la comisión interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), según la abogada Glenda Ayala, excomisionada del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (Conaprev), pide el cese de la interventora.
«Que cese la intervención porque están actuando al margen de la ley. Que retomen el control bajo el principio de legalidad, garantizando los derechos humanos de las personas privadas de libertad», pide Ayala.
Asegura que pese a que la intervención en los penales fue creada mediante un decreto ejecutivo, las actuaciones de la intervención están violentando la ley al nombrar a un director del INP.
«Violentan el artículo 14 de la ley del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), porque era la presidenta, Xiomara Castro, quien debió hacer el nombramiento», señala.
«Jamás un decreto ejecutivo puede quitar las competencias atribuidas en una ley emitida por el Congreso Nacional. No tienen competencia ni para nombrar, ni para darle funciones porque están violentando la ley», califica la abogada.