Las autoridades estadounidenses indicaron que en los próximos días se realizará la deportación de más de 3.000 hondureños, que se van a sumar a los 50.903 deportados al 14 de junio del presente año y recibidos en los Centros de Atención al Migrante Retornado, lo que significará un incremento del 39.20% en comparación al mismo periodo del año 2018, lo que equivale a 14.323 connacionales más que el año anterior.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) tiene reportes de que “coyotes” asociados con el crimen organizado realizan “reciclaje” de menores que son utilizados como escudos por desconocidos que se hacen pasar por sus familiares con el objetivo de poder ingresar a ese país.
Así lo informó hoy la primera dama hondureña, Ana García de Hernández, durante una comparecencia de prensa en la que dio a conocer los resultados de su visita del jueves a McAllen (Texas), donde se reunió con el secretario interino de DHS, Kevin McAleenan.
La esposa del presidente Juan Orlando Hernández explicó que el “reciclaje” de menores consiste en que adultos ingresan a Estados Unidos con menores de edad haciéndose pasar por sus familiares y posteriormente el niño o niña sale de ese país con otras personas que tampoco tienen parentesco con ellos.
“Esta situación está teniendo consecuencias legales para las personas que se prestan a este delito. Ya las autoridades estadounidenses tienen identificada una sujeta responsable por el retorno a Centroamérica de más de 69 menores que ya fue identificada”, manifestó.
García de Hernández también informó que las autoridades estadounidenses están practicando pruebas de ADN a las personas que detectan con documentación falsa, que aducen que son padres de menores con los cuales en realidad no tienen ningún parentesco.
Del 14 de junio a la fecha las autoridades estadounidenses han identificado 275 unidades de fraude familiar con 500 actas de nacimiento falsas, portadas por adultos que utilizan a menores sin ningún parentesco con ellos, para poder cruzar la frontera, indicó.
En ese sentido, las autoridades estadounidenses practican pruebas de ADN para verificar si en efecto hay un parentesco, y todo aquel migrante que porte documentación falsa o utilice a un menor de edad estará siendo procesado judicialmente y recibirá hasta 10 años de cárcel en los Estados Unidos por tráfico de personas, documentación falsa y mentirle a las autoridades estadounidenses, agregó.
Asimismo, se acordó con el Gobierno estadounidense compartir toda la información necesaria para poder asegurar los niveles de investigación y la canalización de los casos a ser investigados por parte del Ministerio Publico para combatir la trata de personas y, sobre todo, evitar que se siga utilizando a los niños y niñas para facilitar el ingreso a los Estados Unidos, dijo.
Situación dolorosa
“Es importante informar que constatamos la situación que viven nuestros migrantes durante su permanencia en los centros, es dolorosa; nuestros compatriotas están separados, durmiendo en colchonetas y en el suelo, y la estadía se ha prolongado más de lo acostumbrado”, lamentó la esposa del mandatario hondureño.
“Encontramos menores no acompañados con varias semanas en el centro, porque debido a los flujos no tienen los espacios suficientes y adecuados para su atención y procesamiento”, dijo, a la vez que recordó el caso de una menor que ha estado más de 17 días en el Centro de Procesamiento de la Patrulla Fronteriza.
La primera dama reconoció los esfuerzos realizados por la Patrulla Fronteriza; sin embargo, señaló que la situación migratoria a nivel mundial ha rebasado las capacidades de los países para hacerle frente a este fenómeno.
Detalló que durante la se visita estuvieron en el puente Anzalduas, donde las autoridades estadounidenses tienen instalada una mesa de la Patrulla Fronteriza para revisar los documentos que portan los migrantes; dicho puente une el estado de Reynosa (México) con Mission (Texas).
Además, visitaron el Centro de Procesamiento Centralizado de la Patrulla Fronteriza, a donde son trasladados los migrantes luego de ser detenidos en el puente de Anzalduas, y la instalación Donna Facility, un espacio temporal que las autoridades estadounidenses han habilitado ante el incremento de los flujos migratorios.
Esfuerzos conjuntos
La señora de Hernández indicó que durante el encuentro con McAleenan tanto Honduras como Estados Unidos compartieron los esfuerzos que ambos gobiernos están implementando para abordar las causas de la migración irregular y combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
Entre los planteamientos que surgieron al analizar las causas de la migración irregular se concluyó que, además de las mejoras económicas, violencia y reunificación familiar, otro factor que influye en el incremento de los flujos migratorios son algunos procesos legales que dan paso a que sectores vulnerables como los menores de edad se conviertan en escudos fronterizos, vulnerando sus derechos y exponiéndoles al tráfico de personas, explicó.
Es importante poder seguir trabajando de la mano con el Gobierno de Estados Unidos y los países del Triángulo Norte y México haciendo un análisis de los incentivos y además “generar condiciones de apoyo y bienestar a nuestros países para que las familias construyan su futuro en nuestras naciones”, dijo.
De la misma manera, añadió, “continuamos trabajando en atender las causas estructurales que generan la migración irregular en los países del Triángulo Norte y México, en el cual nos
encontramos en proceso de formulación y definición de proyectos del Plan de Desarrollo Integral mediante el cual se pretende atacar dichas causas llegando a la raíz del problema con iniciativas para el desarrollo de la región”.
La primera dama recordó que Honduras también ha invertido más de 2.900 millones de dólares en el Plan Alianza para la Prosperidad, mediante el cual se busca generar desarrollo económico inclusivo con la creación de empleos, estabilidad social y seguridad, lo que confirma el compromiso del presidente Hernández en la implementación de los ejes de esta iniciativa.
Asimismo, declaró que el Gobierno está impulsando iniciativas para la generación de empleo, poniendo especial énfasis en fortalecer las micro y pequeñas empresas con programas de crédito que les permitan acceder a bajas tasas de interés.
Declaró que muchos de los hondureños con los que pudo compartir en los albergues son caficultores que han sido afectados por la crisis mundial en los precios del café y han decidido movilizarse hacia Estados Unidos.
A la vez recordó los riesgos de la ruta migratoria e indicó que sólo en 2019 la Secretaría de Relaciones Exteriores ha hecho el trámite de 95 casos de repatriación de personas que han muerto en la ruta migratoria.
“Reafirmamos nuestro llamado a madres y padres de familia, a que no expongan a sus hijos a los altos riesgos que conlleva migrar de manera irregular; las situaciones que enfrentan, lo vimos, y como madres nos sacudió nuestro corazón el sufrimiento al que se exponen”, indicó.
“Padres y madres: no expongan a su hijos, no vale la pena el riesgo a los que se ven sometidos, no vale la pena el sufrimiento al que los exponen, cuando al final de todo este proceso lo más seguro es que van a retornar al país. Nosotros seguiremos haciendo nuestra parte, pero este es un tema de responsabilidad compartida; las familias deben asumir sus responsabilidades y no pueden permitir que sus hijos sean tomados como escudos para llegar a Estados Unidos”, concluyó.