En un hecho que ha causado gran controversia y permanece en la impunidad, el diputado oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre), Sergio Castellanos, ha reconocido públicamente haber falsificado la firma de la presidenta Xiomara Castro para colocarla en un diploma entregado a estudiantes en el departamento de Santa Bárbara. Este acto, calificado como un atentado a la confianza pública y a la integridad de un documento oficial, ha generado indignación, pero hasta el momento, tanto la mandataria como las autoridades competentes, incluida la Fiscalía General del Estado, se mantienen en silencio.
El escándalo estalló cuando Castellanos, quien ocupa un puesto relevante dentro del partido gobernante, admitió que había falsificado la firma de Castro para utilizarla en la entrega de diplomas a estudiantes, lo que constituye una violación grave a la legalidad. La falsificación de firmas en documentos oficiales es un delito que pone en riesgo la autenticidad de la gestión pública y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Un precedente en la carrera de Esdras Amado López
Este caso no es el primero en la historia reciente de Honduras. El reconocido periodista Esdras Amado López, director de los noticieros Así Se Informa, comentó que este es el tercer caso de falsificación de firma a un presidente o dignatario que le ha tocado cubrir a lo largo de su carrera. El primer incidente se dio durante el mandato de Carlos Reina, cuando se descubrió un escándalo relacionado con la falsificación de la firma del expresidente en documentos vinculados a un otorgamiento ilegal de visas. El caso resultó en la destitución del canciller de aquel entonces, producto de una exhaustiva investigación liderada por López. Este episodio inspiró su libro “La Caída de un Canciller”, en el que detalló los pormenores de dicha investigación.
El segundo caso, también destacado por López, ocurrió durante el golpe de estado de 2009, cuando se falsificó la firma del entonces presidente Manuel Zelaya para presentar una renuncia falsa ante el Congreso Nacional. Este hecho fue parte de los eventos que marcaron esa dramática etapa política en Honduras, y la falsificación de la firma fue un punto clave en la controversia que rodeó el golpe de estado.
Silencio de las autoridades ante el nuevo escándalo
A pesar de la gravedad del acto, el escándalo de la falsificación de la firma de la presidenta Castro por parte del diputado Castellanos no ha recibido respuesta contundente por parte de las autoridades. Ni la propia presidenta Xiomara Castro ni el Fiscal General del Estado, Johel Zelaya, se han pronunciado públicamente sobre este asunto. Esta falta de pronunciamiento ha generado preocupación, ya que la falsificación de documentos oficiales es un acto que afecta no solo la legitimidad de los procesos gubernamentales, sino también la confianza de los ciudadanos en la clase política.
El silencio de las autoridades frente a este incidente ha dejado en evidencia la falta de mecanismos eficaces para abordar este tipo de actos ilícitos, que podrían tener repercusiones serias si no se actúa con prontitud. La impunidad prevalece, lo que refuerza la percepción de que ciertos sectores dentro del poder político pueden actuar sin consecuencias, lo que debilita el estado de derecho en el país.
La necesidad de rendición de cuentas
Este escándalo pone nuevamente sobre la mesa la importancia de la rendición de cuentas y la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de velar por la legalidad en Honduras. La falsificación de la firma de un presidente no solo es un acto ilegal, sino que representa una violación a la confianza que los ciudadanos deben depositar en sus líderes y en los documentos que certifican la legalidad de los procesos gubernamentales.
Ante la falta de acciones por parte de las autoridades competentes, organizaciones de la sociedad civil y expertos en derechos humanos han comenzado a hacer llamados a una investigación exhaustiva. La exigencia de transparencia y justicia se hace cada vez más urgente, ya que el caso no solo involucra a un diputado, sino que pone en duda la eficacia de las instituciones encargadas de prevenir y sancionar actos de corrupción.
El futuro de este escándalo depende de si las autoridades del país tomarán medidas concretas para garantizar que hechos como este no queden impunes y que se restablezca la confianza en las instituciones democráticas de Honduras. Por ahora, el silencio continúa siendo la respuesta oficial.