La presidenta Xiomara Castro ha denunciado una grave corrupción en el Instituto de la Propiedad (IP), revelando la erogación ilegal de más de 19 mil millones de lempiras. Según Castro, estos fondos fueron utilizados para adulterar y financiar construcciones de viviendas, así como para cubrir gastos publicitarios y supuestas obras sociales, todo ello «sin registros fiables y violando la ley». Ante esta situación, la presidenta ha anunciado una intervención en el IP para investigar y corregir las irregularidades detectadas.
El origen de esta crisis se remonta al acuerdo político entre Castro y el diputado Jorge Cálix del partido Libertad y Refundación (Libre). Cálix, quien contaba con los votos necesarios para presidir el Congreso Nacional, cedió sus aspiraciones a cambio del manejo de ciertas dependencias del Poder Ejecutivo, incluyendo el IP. Sin embargo, las tensiones entre ambos no han desaparecido con el paso del tiempo, y las recientes denuncias de Castro podrían ser percibidas como un ataque directo a su antiguo aliado.
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No obstante, la realidad parece ser más compleja. El Consejo Directivo del IP, responsable de los pagos cuestionados, está integrado por funcionarios muy cercanos a la presidenta: el Ministro de Gobernación, Descentralización y Justicia, Tomás Vaquero; el Ministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona; y el Director del Instituto Nacional Agrario (INA), José Francisco Fúnez. Vaquero, en particular, desempeñó un papel crucial como Secretario de Actas del Consejo Directivo del IP, autorizando los pagos ahora denunciados como corruptos.
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Además, la presidenta mencionó que una parte significativa de la corrupción se relaciona con gastos publicitarios, señalando la posible implicación de un destacado periodista y director de un medio de comunicación, cercano al gobierno. Este periodista, junto con una agencia publicitaria donde trabajan sus hijos, habría facilitado la malversación de los fondos.
La situación presenta un dilema para Castro, ya que las medidas tomadas para atacar la corrupción en el IP y, supuestamente, golpear a Cálix, en realidad afectan directamente a ministros de su propio gobierno y a aliados cercanos. Esta controversia no solo expone fallos graves en la administración pública, sino que también erosiona la credibilidad y la cohesión dentro del gobierno de Xiomara Castro.
En resumen, las acciones de la presidenta para combatir la corrupción en el IP, lejos de debilitar a uno de sus principales adversarios políticos, Jorge Cálix, parecen haber desencadenado un golpe contra su propia administración, dejando al descubierto las profundas divisiones y problemas internos que enfrenta su gobierno. La intervención anunciada será clave para determinar el alcance de estas irregularidades y las consecuencias políticas que derivarán de este escándalo.