Las autoridades gubernamentales y representantes de defensa de los derechos humanos intercedieron ayer para que agentes policiales y un juez ejecutor no desalojaran a familias indígenas asentadas en unos predios en litigio, lugar conocido como “Tierras del Padre”, al sur de la capital.
Ese sector, ubicado entre los municipios de Santa Ana y San Buenaventura, Francisco Morazán, unas 120 familias de la etnia lenca residen hace unos 20 años, aunque las tierras están en disputa legal entre el empresario Mario Facussé, una familia de apellido Lanza y los mismos indígenas.
Por lo que Facussé alega que compró las “Tierras del Padre” en 1993 y que el terreno fue invadido en 2004. Sin embargo, la tribu lenca posee un título de tierra ancestral que afirman data de 1739.
En tal sentido, ayer en la mañana, un numeroso contingente de la Policía Nacional, llegó hasta esos predios que están ubicados a un costado de la carretera que da acceso al sur del país, a la altura del kilómetro 13 de la carretera CA-4.
No obstante, los uniformados llegaron acompañados de un juez ejecutor con la intención de aplicar la orden judicial de desalojo. La intención de desalojo creó tensión, temor, rencor entre los pobladores, denominados por las autoridades judiciales como invasores.
Con barricadas humanas, conformadas por niños, mujeres con recién nacidos en brazos, hombres y adultos mayores, los supuestos invasores aseguraban no dejarse desalojar de unos terrenos que consideran suyos.
En ese sentido, los comuneros y pobladores, entre llanto y gritos, exigían y pedían a la Presidenta de la República, Iris Xiomara Castro de Zelaya, que los ayudasen e interviniesen para que no los desalojaran de sus hogares que con mucho sacrificio habían construido en ese lugar.
Una de las pobladoras, de nombre Iris Martínez, llorando rogaba a la mandataria hondureña que “usted es madre, por favor pídales que no nos quiten nuestra propiedad”.