El Ministerio Público ejecuta a nivel nacional la Operación Omega, en un primer esfuerzo de 2021 para hacer frente a la delincuencia organizada transfronteriza, al flagelo de la corrupción, el impacto de la violencia y otros hechos criminales.
Es así que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) tiene previsto ocho aseguramientos de bienes, seis son inmuebles y dos son sociedades mercantiles, propiedad del ciudadano estadounidense Mark Adrian Warfield, condenado por el Tribunal del Distrito del Condado de Harris por tres delitos graves de posesión de cocaína con intensión de distribución, robo y robo de servicios y cuyas operaciones ilícitas se extendieron hasta el país.
En contra de este extranjero, quien residió en territorio nacional, se recibió una denuncia que fue investigada por FESCCO, en la que se constataron una serie de inversiones con la adquisición de bienes y pagos en dólares, desconociéndose el origen legal del dinero, tras que el norteamericano fuera detenido y extraditado el 20 de octubre de 2012 por orden emitida del Departamento de Justicia Criminal del Estado de Texas por los delitos de estafa continuada y evasión.
Por otra parte, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), luego de diligencias conjuntas con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), interpuso un Requerimiento Fiscal en contra Germán Othoniel Turcios Escobar, quien funge como Secretario Adjunto de Juzgados y Tribunales de Juzgados de Letras Civil de Francisco Morazán, acusado de falsificar documentos públicos para supuestamente favorecer irregularmente a una demandada con un desembargo de salario.
Al trabajo de la Operación Omega se anexan las investigaciones de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate Contra la Corrupción Pública (FETCCOP) y la ATIC en las municipalidades de San Pedro Sula, Santa Cruz de Yojoa y Omoa, departamento de Cortés y Macuelizo, departamento de Santa Bárbara, adonde se verifican presuntos delitos en perjuicio del erario y por el otorgamiento de permisos y contratos.
Fiscales Anticorrupción también presentarán acusaciones por supuestas irregularidades de empleados del Registro Nacional de las Personas (RNP) de Tegucigalpa y se decomisan documentos en la oficina regional de esta misma institución en San Francisco, Atlántida.
En tanto, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) llevará a cabo diligencias investigativas en diferentes instituciones del Estado, con el objetivo de recopilar información sobre el Proyecto COPECO-Mitigar que se desarrolló en los años 2011-2015.
De su lado, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural ejercerá acciones penales por el delito de abuso de autoridad contra funcionarios del Registro de la Propiedad (IP) de La Ceiba, Atlántida y por los delitos de incendio y daños al medio ambiente en el municipio de Jutiapa, Atlántida, por afectaciones causadas a comunidades garífunas.
Adicionalmente, se interpondrá acusación por el delito de usurpación en perjuicio de la tribu tolupán Agua Caliente de Reinada, departamento de Yoro y se efectuará una treintena de inspecciones, siete de ellas en el municipio de Copán Ruinas relacionadas a daños al patrimonio cultural en la zona arqueológica de Copán y en las comunidades indígenas maya chortí de ese sector.
Asimismo, se continúan las diligencias in situ sobre el asesinato del dirigente indígena lenca de La Paz, Félix Vásquez López, en coordinación con la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV).
Otros casos presentados por Fiscalías Especiales, Regionales y Locales, Unidades Especializadas y Módulos Operativos tienen que ver con tráfico de drogas, trata de personas, extorsión, homicidios, femicidios, violaciones, otras agresiones sexuales, maltrato familiar, defraudación fiscal, violación a la propiedad intelectual e industrial, violaciones a derechos humanos y delitos ambientales.
En suma, con la Operación Omega, los Fiscales del Ministerio Público en equipo con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), ATIC y diferentes fuerzas policiales y militares, darán una respuesta a las víctimas de delitos y harán que se castigue a los transgresores de la ley, por lo que se espera una gran cantidad de capturas, allanamientos, decomisos y además labores preventivas.