El reciente informe del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) sobre las muertes violentas de mujeres y femicidios en el país durante 2024 pinta un panorama devastador. Con un promedio de una mujer asesinada cada 38 horas, los datos reflejan una realidad alarmante: 230 muertes violentas de mujeres fueron registradas, un número que subraya la persistente crisis de violencia que afecta a Honduras.
El informe revela que las mujeres entre 30 y 59 años constituyen la mayoría de las víctimas, seguidas por mujeres jóvenes y adolescentes, lo que evidencia que la violencia no discrimina entre edades. El 28.3% de los homicidios ocurrieron durante los fines de semana y un abrumador 56.5% de las víctimas fueron encontradas en la vía pública. Estas cifras no solo son trágicas, sino que también demuestran un profundo fracaso en la implementación de políticas públicas que garanticen la seguridad de las mujeres.
A pesar de que el gobierno de Xiomara Castro asumió el compromiso de enfrentar la violencia de género y los femicidios en su campaña electoral, los resultados hasta el momento son nulos. La violencia contra las mujeres ha continuado con una impunidad alarmante y la respuesta del gobierno parece ser insuficiente frente a una problemática que, lejos de disminuir, sigue creciendo. Si bien la presidenta celebró el Día de la Mujer Hondureña el 25 de enero, en memoria de la conquista del voto femenino, la realidad para muchas mujeres sigue siendo una vida de constante vulnerabilidad ante la violencia machista.
El informe subraya la necesidad urgente de visibilizar y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, y aunque el gobierno se ha comprometido a promover la igualdad de género y la paz, los hechos hablan por sí mismos. El 2024 ha sido otro año en el que las políticas públicas de prevención y protección han brillado por su ausencia. Mientras la presidenta Xiomara Castro promueve mensajes de empoderamiento y derechos, las mujeres siguen siendo asesinadas, violadas y golpeadas sin que las autoridades logren dar respuestas efectivas.
Es imperativo que el gobierno actúe con urgencia y no solo en palabras, sino en acciones concretas para proteger a las mujeres. El informe de la UNAH no es solo una advertencia, sino un llamado a la acción. La construcción de una sociedad justa y segura para las mujeres debe ser una prioridad, y la actual administración tiene la responsabilidad de demostrar que está dispuesta a cambiar esta triste realidad.