La propuesta de una reforma tributaria por parte del Gobierno dirigido por la presidenta Xiomara Castro provocó la inmediata reacción del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) que manifestó que no hay resistencia a una revisión de las exoneraciones fiscales, pero que no están de acuerdo con la ley propuesta por la administración.
«Mejor que digan se prohíbe la inversión privada», dijo el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho. Por su parte, el gobierno sostiene que si no hacen estas reformas Honduras caería en la categoría de «paraíso fiscal».
El miércoles 8 de marzo, el ministro de la Secretaría de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, el secretario de la Presidencia, Héctor Zelaya, y el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, se reunieron con dirigentes del sector privado para presentarles un proyecto denominado Ley de Justicia Tributaria. De acuerdo con esta propuesta de ley –que aún no ha llegado al Congreso Nacional– se eliminarían 10 de los 18 regímenes de exoneraciones y exenciones fiscales que existen en el país. También se pretende crear figuras para combatir la evasión fiscal.