La aclaración ocurre luego que el pasado martes pobladores de Choluteca, encabezados por su alcalde Quintín Soriano, protestaron pacíficamente en las calles contra el proyecto.
Y en respuesta el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), presidido por Xiomara Castro, ordenó investigar para deducir responsabilidades a quienes buscan «instigar, manipular y financiar» las «campaña para manipular información y desprestigiar» las acciones del Gobierno.
«La empresa privada no está financiando marchas, no está financiando ninguna campaña relacionada con el desprestigio, con la desinformación o manipulación de la información sobre la Ley de Justicia Tributaria», detalló Solórzano.
Respecto a la marcha en la zona sur, indicó que esta fue para exigir a las autoridades acceso a la información sobre la iniciativa que desde el pasado lunes está siendo socializada por el Congreso Nacional con diferentes sectores de la sociedad.
Por tal motivo, consideró que las acciones anunciadas por el Gobierno sobre este tema deberían enfocarse en investigaciones contra el delito de extorsión que provoca muertes en el país.
«En eso es que deberían de estar enfocados los esfuerzos, pero no en este tipo de situaciones en donde la ciudadanía lo que ha venido ejerciendo es un derecho constitucional de poder manifestarse de manera libre y sobre todo pacífica», manifestó el representante del Cohep.