El vicecanciller hondureño, Gerardo Torres, aseguró que el Tratado de Extradición con Estados Unidos, instrumento clave en la lucha contra el narcotráfico, “es cosa del pasado”. A tan solo 61 días de que se concrete la denuncia de este acuerdo, la decisión del gobierno de Xiomara Castro ha generado fuertes críticas, ya que podría interpretarse como una estrategia para proteger a narcotraficantes y figuras vinculadas al crimen organizado.
“El Tratado de Extradición como lo conocemos ya no responde a nuestras necesidades. Vamos a trabajar con la nueva administración de Estados Unidos para establecer un acuerdo que fortalezca la lucha contra el narcotráfico”, afirmó Torres. Sin embargo, la falta de detalles sobre los nuevos mecanismos propuestos y los antecedentes de corrupción en el país han sembrado dudas sobre las verdaderas intenciones de esta medida.
El Tratado de Extradición, aún vigente, ha permitido llevar ante la justicia estadounidense a figuras clave del narcotráfico, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández, así como a otros políticos y operadores vinculados a actividades ilícitas. Su denuncia ha sido vista por críticos como un retroceso en los esfuerzos de cooperación internacional en seguridad y un posible guiño a sectores vinculados al crimen organizado.
En defensa de la medida, el vicecanciller recordó que el canciller Enrique Reina ya expresó la voluntad del gobierno de “actualizar” los acuerdos de cooperación, argumentando que el tratado actual no responde a las “necesidades actuales” del país. Mientras tanto, sectores opositores cuestionan si esta denuncia no es más que un intento por debilitar los procesos de justicia que afectan a actores influyentes.
La polémica decisión se da en un contexto donde la credibilidad del sistema judicial hondureño está en entredicho. La falta de transparencia en las propuestas de sustitución del tratado incrementa la percepción de que esta medida podría servir para proteger a estructuras criminales que prefieren enfrentar procesos en un sistema nacional vulnerable a la corrupción.
La afirmación de Torres de que el tratado “es cosa del pasado” refleja una postura que podría redefinir las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Sin embargo, también plantea una pregunta fundamental: ¿es esta decisión un paso hacia la soberanía y un enfoque nacional en la lucha contra el narcotráfico, o un retroceso que beneficia a los mismos actores que buscan evitar la justicia internacional?