Guatemala está sumida en un estado de calamidad decretado desde el 5 de marzo por el presidente, Alejandro Giammattei, quien lo ha aprovechado para solicitar al Congreso más de 14.000 millones de quetzales (1.680 millones de euros) para programas de ayudas económicas que sólo se han ejecutado en un 22%. Uno de ellos es el denominado ‘bono familia’, que consiste en una aportación de 1.000 quetzales mensuales (120 euros) durante tres meses para familias vulnerables. Para ello, se aprobó un presupuesto de 6.000 millones de quetzales (722 millones de euros), de los que solo se han gastado el 34%.
El presidente ha defendido que estos programas sociales van dirigidos a paliar los efectos económicos de la pandemia, que ya ha dejado en el país casi 2.000 personas fallecidas y más de 50.000 casos, si bien estas cifras se podrían multiplicar. Así lo ha anunciado el viceministro de Atención Primaria, Edwin Montúfar, quien augura que para marzo de 2021 y en un «escenario optimista», 1,2 millones de personas se habrían infectado con Covid-19 en Guatemala. Además, ha llegado a decir que el país no está preparado, teniendo en cuenta que sólo el 47% de los municipios cuenta con el primer nivel de atención en salud. Por su parte, el director de la Comisión Presidencial Contra el Coronavirus, Edwin Asturias, ha advertido de que, en el mes de octubre, los fallecidos podrían superar los 9.000 y reconoce que «la epidemia seguirá en Guatemala todo el 2021», razón por la cual «el Ministerio de Salud necesitará un presupuesto mínimo de 15.000 millones de quetzales (1.800 millones de euros)» para salir del «marasmo que hoy sufrimos».
Esta situación provocó que el pasado viernes se prorrogara en el Congreso por cuarta vez consecutiva el estado de calamidad, pese a la oposición de varios partidos que reprochaban al Ejecutivo la baja ejecución de los programas sociales y el desabastecimiento del sistema de salud. «No ha servido para nada la violación de derechos constitucionales y en los territorios la gente ve cómo curarse de la pandemia porque en los hospitales ya no se reciben a personas con esta enfermedad», denunció la diputada indígena del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, Vicenta Jerónimo Jiménez. Censuró que el personal de salud «anda comprando el equipo de protección o recibiendo donaciones cual mendigos arriesgando la vida cuando ya tenemos muchos médicos (33) que han sucumbido a esta enfermedad por la incapacidad del Gobierno». Precisamente, la OMS envió esta semana 31 toneladas de mascarillas quirúrgicas, batas, guantes y gafas protectoras a Guatemala.