El Ministerio Público (MP) ha solicitado penas de prisión que superan los mil años para un grupo de 15 reclusas condenadas por su participación en la muerte de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNAFS). La solicitud se presentó en el marco de los juicios por los delitos de asesinato, tentativa de asesinato, asociación para delinquir e incendio, entre otros cargos.
El MP ha pedido que se imponga una pena de 1,260 años de prisión a Heidy Jackeline Palma Rivera, alias “La Suicida”; Leyla Rosmeri Figueroa Pavón, alias “La Pichingón”; Francis Margarita Chavarría Ávila; Lourdes Eloísa Barrientos Turcios; Rosa Bertha Marroquín Almendares, alias “La Nena”; María Cristina Cálix Salinas, alias “La Fuga”; Any Dayana Barahona Mejía, alias “La Vagabunda”; y Dania Jakeline Maradiaga Flores, alias “La Inquieta”. Las nueve mujeres fueron declaradas culpables de los delitos de asesinato, tentativa de asesinato, asociación para delinquir e incendio cualificado.
Por otro lado, el MP también solicitó una pena de 1,265 años de prisión para Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, alias “La Tafi”; Kenia Patricia Salinas Rivera, conocida como Flavia Marlene Tercero, alias “La Tremenda”; y Karen Lorena Ávila Pavón, alias “La Flaca Ávila”. Estas tres reclusas fueron halladas culpables de asociación para delinquir, asesinato, tentativa de asesinato y porte ilegal de arma de fuego comercial.
En cuanto a las últimas implicadas, el MP pidió una condena de 1,268 años de prisión para Claudia María Lemus Aceituno, alias “Saico”; Cherry Darling Guevara, alias “La Flaca Halloween”; y Susana Godoy Leiva, alias “La Buller”, quienes enfrentan cargos por asociación para delinquir, asesinato, tentativa de asesinato y porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido.
Finalmente, María del Carmen Contreras Castillo fue acusada de asociación para delinquir, asesinato, tentativa de asesinato y porte ilegal de municiones de uso prohibido y comercial, por lo que el MP solicitó una pena de 1,273 años de prisión.
El caso ha generado gran conmoción debido a la magnitud de los crímenes cometidos y la implicación de las reclusas en actos violentos dentro del sistema penitenciario. La solicitud de penas tan severas refleja la gravedad de los delitos y la determinación del Ministerio Público en llevar a cabo un proceso judicial que busque justicia para las víctimas.