El Ministerio Público ha presentado un requerimiento fiscal por prevaricato administrativo contra los exmagistrados de la Sala Civil, Reinaldo Antonio Hernández, Wilfredo Méndez Romero y Rina Auxiliadora Alvarado.
Los exmagistrados habrían tomado decisiones que favorecieron a dos agencias bancarias, resolviendo sobre un caso que no les correspondía. Esta resolución permitió a las entidades bancarias evitar el pago de 159 millones de dólares que debían en una demanda.