Tomado de laestrella.com.pa
El Centro Bancario de Panamá, a pesar de sus altas y bajas, es uno de los más exitosos de la región. Su solidez, la ventaja de utilizar el dólar como moneda, así como el intenso comercio internacional que existe gracias al Canal y la Zona Libre de Colón, son algunas de las razones que atraen a tantos bancos que deciden instalarse en el país.
Desafortunadamente, así como las entidades financieras se interesan por hacer negocios en el istmo, también son atraídas empresas y personas que utilizan el Centro para ‘lavar’ dinero.
Luis H. Moreno Jr., en su libro Panamá, una vocación de servicio , indicaba que estas irregularidades ‘no pueden negarse’, aunque exculpaba al sistema —en cierta forma— al argumentar que ‘no hay país, ni centro en el mundo que no haya sido utilizado en esta red indeseable e insaciable’,
La última reimpresión del libro Panamá, una vocación de servicio fue en 1996. Ese año, justamente, se da uno de los casos que más estremeció los cimientos del Centro Bancario Internacional.
ABRUPTA SACUDIDA
En enero de 1996, el Banco Agro Industrial y Comercial de Panamá (Banaico) se convirtió en la primera entidad financiera que se declaró en quiebra por insolvencia.
La Comisión Bancaria Nacional investigó las cuentas de Banaico y descubrió que, de los $24 millones en efectivo que, supuestamente, tenía el banco, $23 millones no existían.
El caso pasó de la Comisión al Ministerio Público y se abrió un proceso penal. Cuatro ejecutivos del banco fueron acusados por estafa, asociación ilícita para delinquir y falsedad de documentos.
Los implicados fueron Manuel Salvador Morales, presidente de la junta directiva; Bruno Bemporad, gerente; Maritza Ramos de Mattaden, subgerente; e Irasema Subía, oficial de cuentas.
El de por sí ya complicado caso, se haría más complejo cuando la revista británica The Economist y el diario estadounidense The Miami Herald publicaron varios artículos en los que acusaban a Mayor Alfredo Alemán Chiari, Ricardo Alberto Arias y Gabriel Castro de tener vínculos con una empresa acusada con el narcotráfico, Trans Latin Air (TLA), que se dedicaba al transporte entre Panamá y Colombia.
Mayor Alemán, además de ser vicepresidente y secretario de Banaico, era el accionista más importante de TLA.
Señalaba la revista Semana que ‘según las autoridades norteamericanas, Banaico financió la compra de varias aeronaves para esa compañía, que era en realidad un biombo tras el cual narcotraficantes colombianos manejaban sus aeronaves dedicadas al transporte de drogas’.
Si bien Ricardo Alberto Arias no era parte de TLA, era el presidente del holding que era el mayor accionista del Banco.
Gabriel Castro admitió que le ofreció servicios legales a TLA para la obtención de rutas.
Al final, solo los cuatro ejecutivos rindieron cuentas ante la justicia, que los encontró culpables en el 2004.
Tras una interminable serie de apelaciones, en el 2008 la Corte Suprema de Justicia ratificó el dictamen del tribunal de primera instancia.
Los cuatro ejecutivos fueron obligados a pagar ‘$1.9 millones por la cantidad que Banaico adeuda a la Cámara de Compensación del estatal Banco Nacional de Panamá (BNP), más los intereses generados desde que fue dictado el fallo judicial’, según indicaba el salvadoreño Diario de Hoy . Además, a cada uno se le condenó a varios años de prisión. Las mayores penas fueron para el presidente (ocho años), el gerente y la subgerente del banco (siete años cada uno)
A la oficial de cuentas Irasema Subía se le aplicó una condena de tres años y ocho meses, porque se comprobó que había manejado dinero del narcotraficante José Castrillón Henao.
CORRECCIONES
En 1998 se aprueba el Decreto 9 del 26 de febrero, que reemplazaría al vigente desde 1970. Tras 28 años, desaparece la Comisión Bancaria Nacional y la reemplaza la Superintendencia de Bancos.
La gran diferencia entre la Comisión y la Superintendencia es que en la entidad creada en 1998 se excluye la participación de los banqueros de la organización.
En el 2000, nace la Unidad de Análisis Financiero (UAF), una entidad adscrita al Ministerio de la Presidencia.
La UAF tiene la responsabilidad de recibir y analizar la información financiera y comercial —tanto del sector público como privado— para determinar ‘la existencia de operaciones o patrones de blanqueo de capitales y/o de financiamiento de terrorismo’.
SEGUNDO GOLPE
En el 2001, tras un largo proceso, la Superintendencia de Bancos interviene en el Banco Disa y, tras no poder resolver los problemas de falta de solvencia, ordena su liquidación forzada, dejando a cerca de 650 clientes en el aire. Además, Disa contaba con acreedores como la Caja de Ahorros y el Banco Nacional le prestaron al banco privado más de $60 millones.
Por la quiebra de Disa se imputó a varios de los ejecutivos del Banco, Rafael Endara, Joaquín Vallarino y Jorge Endara Paniza, quienes fueron procesados por el delito contra el patrimonio (estafa). Ninguno fue condenado.
UN PERIODO DE CALMA
El resto de la década estuvo plagado de sucesos que minaron la credibilidad del Centro Bancario.
En diversos países se abrieron investigaciones por corrupción, narcotráfico y otros delitos, en contra de traficantes, políticos e incluso expresidentes, las cuales tenían un sello en común: se menciona que se utilizó al Centro Bancario de Panamá para el desvío o blanqueo de activos ( ver infografía ).
Tras la conmoción social por estos escándalos, se pensó que Panamá no caería en estas situaciones.
No sería hasta junio de 2014, cuando el Grupo de Acción Financiera (GAFI) colocó a Panamá en su lista gris, ya que considera que el istmo tiene, todavía, deficiencias en sus regulaciones y leyes en contra del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Desde el momento en que se dio la noticia, Panamá ha aplicado los correctivos para salir de tan negativo listado.
Todos estos ajustes se dan cuando un nuevo pasaje empaña la transparencia del Sistema Bancario Nacional: el escándalo del Programa de Ayuda Nacional durante la administración de Ricardo Martinelli.
Camilo Atala de Banco Ficohsa denunciado por blanqueo en Panamá
El abogado Rosendo Rivera presentó una denuncia en la Fiscalía contra el Crimen Organizado contra los representantes legales de trece bancos panameños por la presunta comisión de blanqueo de capitales y por asociación ilícita para delinquir.
Los denunciados son Federico Humbert Azcárraga (Banco General), Jorge E. Vallarino S. (Global Bank), Lorenzo Romagoza Lassen (La Hipotecaria), Raymond M. Harari (Credicorp Bank), Ramiro Ortiz Mayorga (St. Georges Bank), José Isaac Virzi López (Banco Universal), Ramón Fernández Quijano (Balboa Bank & Trust), Aimee Sentmat de Grimaldo (Banistmo), Ricardo Ayala, (Banesco), Fred Kardonski (Towerbank International), Mordechai Askenazi (Unibank), Camilo Alejandro Atala Faraj (Banco Ficohsa), Guillermo Quijano Castillo (Banco Panamá).
Este diario tuvo acceso a la querella que presentó Rivera el pasado 16 de junio.
Los delitos que se denuncian en el documento son blanqueo de capitales, ocultación de liquidez financiera y fraude en el mercado de valores.
SUSTENTO
El abogado presentó como prueba una serie de reportajes publicados en La Estrella de Panamá entre el 10 y el 15 de mayo y una noticia posterior del 3 de junio.
‘En las investigaciones llevadas por el Ministerio Público por el daño infringido al patrimonio nacional, ha quedado en evidencia la participación que han tenido los bancos en mención como depositarios de dinero extraído al Estado’, expone el abogado Rivera en su denuncia, y añade que ‘es evidente que durante el gobierno pasado Personas Políticamente Expuestas [PEP], abrieron múltiples cuentas, sin controles, ni supervisión necesaria, de igual modo, se realizaron transacciones por millones de dólares’.
Para Rivera, ‘este tipo de conductas malsanas no hace sino crear inseguridad y como corolario a ello, la fuga de capitales y la ausencia de inversión en la economía nacional’.
LAS PUBLICACIONES
Entre el 10 y el 15 de mayo se publicó en ‘La Decana’ una serie de reportajes en los que se mencionan los bancos que —según reveló una fuente judicial a este diario— habían sido mencionados en una o varias de las investigaciones que hay en las Fiscalías Anticorrupción por posible daño patrimonial a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
El 12 de mayo se publicaron los nombres de las entidades bancarias que, hasta ese momento, había mencionado Rafael Guardia Jaén, exdirector del PAN, en sus indagatorias.
Al día siguiente, 13 de mayo, se publicaron las entidades que se habían vinculado a las investigaciones por la compra de comida deshidratada, venta de granos y bolsas de comida.