A tan solo 16 días de que finalice el convenio de extradición entre Honduras y Estados Unidos, el canciller hondureño Enrique Reina reafirmó la postura del gobierno de Xiomara Castro de no abordar el tema de la extradición, a pesar de la creciente presión internacional. En lugar de negociar un acuerdo de cooperación en este sentido, el gobierno ha centrado su atención en los temas migratorios, dejando de lado un asunto crucial para la justicia y la seguridad nacional.
Reina afirmó que, por ahora, la administración Castro no tiene intenciones de discutir la extradición, un tema que sigue sin ser prioritario para el Ejecutivo. «Por ahora el tema de la extradición no hemos abordado sobre la mesa», expresó el canciller, sugiriendo que no existe un interés concreto en avanzar en el tema, a pesar de que el convenio con Estados Unidos está por caducar.
El gobierno hondureño, al parecer, está más enfocado en proteger la dignidad de los migrantes, una causa noble, pero que no debe desviar la atención de compromisos internacionales que afectan la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción en el país. Al mantenerse alejado de la discusión sobre la extradición, el Ejecutivo parece ignorar la importancia de fortalecer la cooperación en materia de justicia, lo que podría tener implicaciones negativas en la imagen internacional de Honduras.
Además, el canciller destacó que cualquier cambio en el convenio de extradición requeriría una reforma constitucional y no una revisión por parte del Congreso, algo que limita aún más las opciones del país para ajustarse a los estándares internacionales en esta materia. Esta falta de acción podría interpretarse como una evasión a la responsabilidad de enfrentar el crimen organizado y la impunidad que tanto afecta a la población hondureña.
Mientras tanto, el gobierno minimiza el impacto de la no extradición en la lucha contra el crimen, ignorando los llamados a reforzar el marco legal para que los criminales que operan desde el extranjero enfrenten la justicia. En lugar de hacer frente a esta obligación internacional, parece que el gobierno de Castro prefiere priorizar otras agendas.
La situación también es alarmante al considerar la reciente muerte de migrantes hondureños retornados, y aunque el gobierno señala que un pequeño porcentaje de ellos tiene antecedentes criminales, la falta de control efectivo y la ausencia de medidas claras para combatir la delincuencia en todos sus niveles genera dudas sobre la voluntad real del gobierno para resolver los problemas estructurales de violencia en el país.
En resumen, el gobierno de Xiomara Castro parece más centrado en evadir el tema de la extradición, manteniendo una postura que favorece la impunidad y que, a largo plazo, podría obstaculizar los esfuerzos para reducir la criminalidad y fortalecer el estado de derecho en Honduras.