El gobierno de Xiomara Castro enfrenta una fuerte crítica tras la publicación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, el cual ubica a Honduras con la peor calificación de su historia: 22 puntos de 100. Este descenso de un punto respecto al IPC de 2023 refleja una realidad alarmante que evidencia el fracaso en la lucha contra la corrupción durante la administración actual.
Con una calificación tan baja, Honduras se sitúa como el cuarto país más corrupto de América Latina, superando solo a Nicaragua, y quedando por debajo de países como Costa Rica, Panamá, El Salvador y Guatemala. Esta calificación coloca a Honduras en la misma categoría que países con altos índices de corrupción como Azerbaiyán, Líbano y Rusia, según el informe de Transparencia Internacional (TI). La situación refleja una crisis en la gobernanza que no parece tener freno, a pesar de las promesas de cambio realizadas por la administración de Castro al inicio de su mandato.
El director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, destacó que el nivel de impunidad en el país alcanza casi el 90 %, lo que agrava aún más la crisis de transparencia. «Queremos reafirmar que somos hondureños que amamos este país», expresó Hernández, dejando claro que las organizaciones civiles siguen luchando por la mejora de la situación, mientras el gobierno parece estancado ante la magnitud del problema.
El informe de TI también resalta que la corrupción está íntimamente relacionada con la crisis climática, mencionando que en países como Honduras, donde las instituciones democráticas son débiles, el avance hacia soluciones sostenibles y responsables en materia ambiental es prácticamente imposible. Honduras, que continúa sumida en la corrupción, también comparte una calificación baja en cuanto a las garantías de democracia y derechos humanos.
El informe no pasa por alto el costo humano de esta crisis: los defensores del medioambiente en Honduras enfrentan un alto riesgo. Desde 2019, la ONG Global Witness ha documentado al menos 71 asesinatos de defensores del medioambiente, quienes han sido blanco de violencia por exponer la relación entre políticos, empresarios y redes criminales en la corrupción. Tres de estos defensores fueron asesinados solo en 2024, un claro reflejo de la impunidad que prevalece en el país.
Transparencia Internacional, además, subraya que la corrupción es una de las principales amenazas a la democracia, la paz social y los derechos humanos. La organización advierte que el deterioro institucional y la falta de rendición de cuentas están directamente vinculados con la falta de seguridad y el aumento de la violencia en el país.
El informe también destaca que los países con instituciones fuertes y democráticas tienen un control más efectivo sobre la corrupción. Sin embargo, en Honduras, el deterioro de las instituciones bajo el gobierno de Xiomara Castro ha sido evidente, lo que ha socavado las bases para una lucha efectiva contra la corrupción. En este contexto, la lucha de la sociedad civil y los defensores del medioambiente se vuelve cada vez más peligrosa y crucial.
La calificación de Honduras, una de las más bajas en la región, evidencia el fracaso de la actual administración en erradicar la corrupción y mejorar la transparencia. Mientras tanto, el país sigue enfrentando un futuro incierto, con instituciones débiles y un aumento de la violencia, lo que pone en peligro no solo la estabilidad política, sino también la calidad de vida de los hondureños.