La Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) denunció este miércoles que el Congreso Nacional de Honduras ha gastado hasta octubre de este año un total de 106 millones de lempiras en el pago de asesores, asistentes y servicios de consultoría. Esta cifra forma parte del informe Monitoreo Legislativo: asesores, asistentes y consultores en abundancia; resultados en escasez, presentado por la organización, que cuestiona la eficacia de estos gastos en relación con los resultados legislativos obtenidos.
Según el informe de la ASJ, el Congreso Nacional solo ha aprobado 93 proyectos de ley de los 443 presentados en lo que va del año. Al mismo tiempo, se mantienen 320 proyectos en espera de ser discutidos, y apenas 10 están en proceso de deliberación, lo que, para la ASJ, refleja una evidente ineficiencia en el trabajo legislativo frente al número de asesores y asistentes contratados.
El informe detalla que, entre enero y octubre de 2024, el Congreso Nacional solo ha sesionado 64 días, lo que equivale a un total de 242 horas de trabajo, con un costo de 4,381 lempiras por cada hora de sesión. A pesar de la baja cantidad de sesiones, el Congreso ha ejecutado hasta octubre un total de 898 millones de lempiras de su presupuesto anual. De esta cantidad, 298 millones fueron destinados a subvenciones, 189 millones a sueldos de diputados, 113 millones a viáticos, 60 millones a los suplentes y 15 millones a viajes internacionales.
Gastos en asesores y asistentes
En cuanto a los asesores, la ASJ estima que el Congreso Nacional ha contratado a un promedio de 118 asesores, quienes, en conjunto, han recibido un pago de 44 millones de lempiras en lo que va del año, lo que equivale a un gasto mensual de aproximadamente 4 millones de lempiras. Esta cifra supera el presupuesto asignado al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), lo que ha generado fuertes críticas de la organización. Además, el 68% de los asesores perciben salarios que van de los 31,000 a los 6,000 lempiras mensuales.
Por otro lado, los asistentes del Congreso, que en promedio suman 243 empleados, recibieron un total de 55 millones de lempiras en salarios, lo que representa un gasto mensual de 5 millones de lempiras. En cuanto a los contratos de servicios de consultoría, el Congreso erogó 7 millones de lempiras en honorarios para peritos, especialistas y técnicos, con un gasto mensual promedio de 765,000 lempiras.
Críticas a la falta de transparencia
El director de Transparencia de la ASJ, Juan Carlos Aguilar, expresó su preocupación por la falta de información detallada y completa sobre los asesores, asistentes y consultores del Congreso en los portales de transparencia. Según Aguilar, aunque la información disponible es incompleta, se ha constatado que no existen registros claros sobre los asesores asignados a los diputados, lo que contradice las versiones oficiales presentadas por el Congreso.
«Lo que se presenta en los portales de transparencia es dudoso. No hay información precisa sobre los asesores asignados a los diputados, pero hemos corroborado esta situación con entrevistas a excolaboradores del Congreso», afirmó Aguilar.
Comparativa con la Presidencia
La ASJ también hizo una comparación entre los gastos del Congreso Nacional y los de la Presidencia de la República. Mientras el Congreso ha gastado 106 millones de lempiras en asesores, asistentes y consultores, la Presidencia ha destinado solo 22 millones para estos fines, lo que resalta la disparidad en los recursos invertidos.
Carlos Hernández, director de la ASJ, subrayó que uno de los factores que contribuye a la percepción de Honduras como un país con altos índices de corrupción es el uso discrecional de recursos en gastos que no se traducen en resultados tangibles. Hernández también destacó la falta de claridad en las decisiones del Congreso, como la imposición de agendas a última hora, lo que dificulta el trabajo de los diputados y la planificación de las sesiones legislativas.
«Los ciudadanos no saben si el Congreso realizará sesiones la próxima semana, lo que refleja un total desorden y falta de compromiso con la democracia y el bienestar del pueblo», concluyó Hernández.
Este informe pone de manifiesto la creciente preocupación por la opacidad y los gastos innecesarios dentro de las instituciones del Estado, a medida que la ASJ y otros actores de la sociedad civil exigen mayor eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos.