En el marco del Día Mundial de la Tierra, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) instó hoy al Estado hondureño a adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad y el derecho a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente, cruciales para el bienestar de la población y la preservación de los ecosistemas. Este llamado fue realizado por Frank Cruz, coordinador de la Defensoría de Pueblos Indígenas y Afro-hondureños del Conadeh, quien destacó la relevancia de proteger el entorno natural del país y la vida de quienes se dedican a esta noble labor, que actualmente enfrenta riesgos letales.
Un Contexto de Violencia y Criminalización
Cruz subrayó que los defensores de la tierra y el medio ambiente en Honduras enfrentan un panorama de creciente violencia. Entre 2020 y 2025, al menos 50 personas fueron asesinadas por defender estos derechos fundamentales, según datos del Conadeh. Lo preocupante es que, en muchos casos, las autoridades no han logrado esclarecer las circunstancias de estos crímenes, lo que genera un ambiente de impunidad que agrava la situación.
El coordinador del Conadeh también indicó que las amenazas y agresiones físicas no solo afectan a los defensores, sino que también han tenido un impacto negativo en sus familias y comunidades. En particular, los pueblos indígenas y las comunidades afro-hondureñas, quienes viven en territorios ricos en recursos naturales, son los más vulnerables a esta violencia, que frecuentemente surge debido a intereses empresariales y conflictos socioambientales.
Cifras Alarmantes y Áreas Afectadas
En los últimos años, al menos una decena de departamentos del país han sido escenario de muertes violentas contra defensores del medio ambiente. De estos, el 77% de los casos ocurrieron en los departamentos de Colón, Atlántida y Yoro, zonas especialmente afectadas por los conflictos por la tierra y los recursos naturales.
Entre 2022 y 2024, el Conadeh registró 89 quejas por violaciones al derecho a un ambiente sano, muchas de ellas relacionadas con los intereses de empresas que afectan los derechos de las poblaciones más vulnerables. La superposición de estos intereses con los derechos de comunidades como los pueblos indígenas y afro-hondureños, campesinos y defensores de los derechos humanos, ha incrementado los conflictos, con la naturaleza como el principal terreno de disputa.
La Necesidad de una Política Pública Integral
Ante este complejo escenario, Cruz enfatizó que el Estado hondureño debe redoblar sus esfuerzos para asegurar que los crímenes contra los defensores de la tierra y el medio ambiente no queden impunes. “La impunidad alimenta aún más la violencia. Es esencial que el Estado garantice una debida diligencia en las investigaciones para esclarecer los hechos y evitar que estos crímenes se repitan”, declaró Cruz.
Asimismo, hizo un llamado urgente para la implementación de una política pública integral que proteja a estos defensores, quienes se ven amenazados no solo por la violencia física, sino también por la judicialización y la criminalización de su labor. Las comunidades indígenas, como los pueblos Lenca, Tolupán, Garífuna, Chortí, Pech y Misquito, son las más afectadas por esta situación, ya que sus esfuerzos por proteger sus tierras ancestrales conllevan amenazas constantes, persecución y estigmatización.
El Caso de los Asesinatos de Ambientalistas y la Corte IDH
El Conadeh también recordó los tres casos emblemáticos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CORTE IDH), relacionados con el asesinato de defensores del medio ambiente en Honduras. Estos casos son los de Blanca Jeannette Kawas, asesinada el 6 de febrero de 1995; Carlos Escaleras, defensor de los derechos humanos y el medio ambiente, asesinado el 18 de octubre de 1997 en Tocoa, Colón; y Carlos Antonio Luna López, representante del Movimiento Ambientalista de Olancho, quien fue asesinado el 18 de mayo de 1998. Estos crímenes son un recordatorio de la constante amenaza que enfrentan aquellos que luchan por proteger los recursos naturales del país.
El Conadeh hizo un llamado al Estado hondureño a tomar medidas inmediatas para garantizar la vida, integridad y derechos de los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente, con el fin de frenar la creciente violencia y criminalización que enfrentan.