En una Honduras sumida en el caos, el miedo y una democracia cada vez más debilitada, bajo el control político de Rixi Moncada, Manuel Zelaya y la presidenta Xiomara Castro, las tensiones en torno al proceso electoral alcanzaron un nuevo punto crítico.
Agentes de la Policía Nacional fueron desplegados para resguardar las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la colonia El Prado de Tegucigalpa, ante el temor de posibles disturbios originados por una manifestación convocada por simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre), la fuerza política en el poder.
El despliegue policial respondió a un llamado urgente hecho por la consejera presidenta del CNE, Cossette López, quien advirtió sobre los riesgos crecientes para el organismo electoral. “A la Policía Nacional: redoblen las medidas de seguridad. Cumplan con su deber como aliados de la democracia”, expresó en un mensaje claro que evidenció la vulnerabilidad en la que opera la institución.
López también subrayó que el Consejo Nacional Electoral no es simplemente un ente organizador de elecciones, sino un pilar fundamental de la democracia hondureña. “Exigimos garantías para nuestro personal, nuestras instalaciones y nuestros procesos”, declaró, mientras aumentaban los temores de confrontaciones en las afueras del edificio.
La manifestación, prevista para las 3:00 p.m., fue impulsada por seguidores del partido oficialista, en respuesta a recientes declaraciones del consejero Marlon Ochoa, quien denunció un supuesto intento de fraude en los comicios generales programados para noviembre. Las acusaciones, sin pruebas presentadas públicamente, añadieron más tensión a un proceso electoral ya plagado de desconfianza y confrontación interna.
Este episodio volvió a dejar al descubierto el frágil equilibrio institucional del país, donde el discurso de la confrontación ha desplazado a la legalidad, y la administración electoral opera bajo amenazas constantes y presiones partidarias. En este contexto, el control político que ejercen figuras clave del oficialismo —como Moncada, Zelaya y Castro— ha generado serios cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso democrático.
La Honduras de hoy se mueve entre la incertidumbre y el deterioro institucional, donde el resguardo de una institución electoral representa no solo una acción de seguridad, sino un reflejo de la profunda crisis de gobernabilidad y legitimidad que atraviesa el país.